Una estudiante de tercer año de teatro de la Universidad de Chile, conmocionó al país a metros del Palacio de la Moneda. Hace más de 20 años, esa joven sería parte de una instalación conocida como La Casa de Vidrio. Viviendo en esas paredes de cristal la joven no solo realizó todos las actividades que cualquier humano haría en su casa, sino —quizá más impactante— nos enfrentó a una realidad distópica: ¿es que acaso ese sería el futuro presagiado en ese lejano año 2000?.
En La sociedad de la Transparencia, Byung-Chul Han nos recuerda como las redes toman hoy el sitial de ese panóptico —carcelario— que por un lado vigila, expone y a la vez autodisciplina. ¿Ha sentido ese pudor luego de ver algunos perfiles en redes, que casi publican hasta su última visita al baño por insta, feis u otras?. Aquella desnudez de la joven Tobar, pero ahora en HD, 4K y sin la espera matinal de cientos de mirones en presencial, frente a la casa de vidrio.
Es en esa sociedad donde se desarrolla la última polémica de la comarca. Resumo: la candidata a la alcaldía Macarena Pons, frente a un punto de control vehicular, no porta su permiso de Comisaría Virtual. Durante la fiscalización le pide explícitamente a la fiscalizadora que el hecho no se haga público, mientras continúa el procedimiento y da una justificación para ello. Este muy rápido resumen, fue compartido profusamente en redes sociales y webs a través de un audio digital y adaptación en video, que “alguien” grabó durante el control y que luego fue difundido.
Yo se que la cagué pero no quiero que se sepa
lo único que les pido [es] que no se haga público
Una de las primeras reacciones “oficiales” —difundida por las mismas redes sociales— esquivaban el punto del pedido de guardar silencio, enfocándose en la privacidad propia del control y en el daño que se ocasionaba a la familia cercana de la candidata, solicitando responsabilidades, atisbando acciones legales e invocando a las viejas prácticas de la política como el origen del asunto. ¿Es tan así?. Si me preguntan mi opinión, el momento del audio representaría el final de la candidatura —quizá de la carrera política incluso— en un país de a deveras.
Todos podemos cometer errores u olvidarnos de pedir algún permiso, el asunto es cómo reaccionamos ante el pedido, entendiendo el contexto de esa Casa de Vidrio o de transparencia extrema, que cualquiera que haya ostentado un cargo en la administración pública —más aún a la altura de una gobernación, con vía directa a la propia presidencia— debería tener plenamente adoptado en su devenir.
Este control público, en vía pública, a una figura pública como lo es cualquier candidatura, debería ser plenamente público. Es más, hasta sería deseable que cada fiscalizador documentara en audio y/o video cada control que hace —si, cada control que hace— como aval frente al ciudadano que válidamente podría requerir defensa ante una fiscalización que considere mal realizada, violenta, ofensiva e incluso ilegal. De igual forma para el fiscalizador, cuando el fiscalizado tenga una conducta inapropiada como intentar un soborno, amenazar al fiscalizador, evadir el control, etcétera. No es tarea fácil el rol de fiscalizador.
En estos tiempos, donde la Sociedad de la Transparencia se entrecruza con la Sociedad del Espectáculo, lo efímero de una imagen frente a la infoxicación diaria, suele dar espacio a la rápida desmemoria. Si antes teníamos mala memoria como país o ciudad, hoy en la avalancha de contenidos, este problema empeora… o mejora, dependiendo del prisma. En vez de tomar esta característica del siglo XXI —de la desmemoria— se opta por un camino del siglo XX, eligiendo la pantanosa vía judicial, en ráfaga, a varios medios en paralelo. Lo dicho, dicho está. La grabación existe y la candidata no la niega, lo digo por si pasara por un intento de simulación digital de voz.
El recurso de protección interpuesto de puño y letra por la candidata en la Corte de Apelaciones de Talca —si, de acceso público (PDF)— fechado el 11 de febrero, lejos de cerrar el asunto abre el punto acerca de la libertad de informar frente a un hecho público. De hecho, todos pudimos estar al lado de la fiscalizadora ese día, en ese lugar público ¿no?. Quizá en ese escenario, la reacción habría sido distinta.
Ojalá que alguien responda desde las cuentas de correo electrónico al pedido de la corte, ya que parte de la complejidad de este camino es que no necesariamente se conoce quién está detrás de cada fanpage o medio. Lo que será más complicado aún, será encontrar un Fax para responder a la solicitud de reportar por ese medio, en 2021.
Mi intuición me dice que no habrá mayor impacto en el desarrollo de esta elección. Que quienes deseaban entregarle su voto lo seguirán haciendo con o sin audio. Que en una ciudad que siguió votando por concejales viajeros, no habrá mayor problema en dar voto a quien —por último— no defraudó al erario fiscal con su pedido. Ahora bien, eso no logra cubrir ese primer instinto de sobrevivencia, la pulsión de pedir que no se sepa. Allí radica el fondo de esta situación, por más que el intento noventero de disuación comunicacional intente evadir el punto.
Seamos claros: aquí hay una responsable y no es quien graba o desclasifica el audio. Finalmente, se supo.
Enlaces de interés
- Nota que incluye el audio de la discordia (vía VLN).
- Documento presentado en Corte de Apelaciones (disponible en corte.pjud.cl).
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