Bloggeando la vida

Desayunándome este sábado, veo el titular del Mostrador que informa que “UDI evalúa tomar acciones legales contra Fundación Ciudadano Inteligente“.

Para dar un poco de contexto, la fundación lanzó una web que permite conocer los posibles conflictos de interés de los representantes basándose en las sociedades a las que pertenecen, llamado Inspector de Intereses. La batahola suscitada, además de abrir una olla de grillos que imagino no hay interés en abrir completamente, expone algunos puntos que me gustaría poner en la conversación.

Nadie comprueba, todos confían
Si hay diferencias en la información, en 1 empresa o 1000, claramente nos enfrentamos a una sutuación de falta de transparencia, dejadez o simplemente dolo. En este punto ciertamente se compromete la palabra de cada representante que da su firma, palabra y honor al momento de entregar la información como cierta; de paso, se evidencia la falta de comprobación por parte de la propia institucionalidad que recibe en un acto de fe de origen casi divino cada uno de los papeeles que los honorables y honestos representantes entregan. Recordar, una cosa es el poder conferido por una democracia sujeta con palitos de fòsforòs, pero otra cosa es el humano que se integra a las filas congresales.

¿Quién se equivoca?
Se intenta balancear la pesa de la culpa hacia el lado de la Fundación. Imagino que más de una carraspera ha ocasionado alguna de las aplicaciones que han lanzado dentro de la institucionalidad y que por lo mismo, este momento llegaría. Que una fundación cometa un error -inclusive habiendo enviado la petición de revisión a los propios congresistas, lo que me pareció innecesario- publicando información recolectada desde el SII y Diario oficial debiese de cuestionar la propia entrega de la información de los congresistas y no la publicación de la misma, dando la responsabilidad de veracidad a una entidad que intenta dar un poco de transparencia al juego opaco habitual.

Los molestos de siempre
Además de todo, expone un diputado que le ha molestado que se haya hecho un trabajo mal. Además de lo absurdo de la afirmación teniendo en consideración de que fueron avisados a tiempo para revisar la información. Sincerémonos y seamos francos, la afirmación debiese ser que les molestó que se haya hecho el trabajo.

También se habla del desprestigio a los parlamentarios, como si aquél dependiese de la exposición de datos que pudieron ser recolectados por cualquiera de nosotros. Me parece que la fuente del desprestigio al que la actividad congresista está expuesta tiene otro origen. La propia amenaza de las acciones legales denosta la labor parlamentaria al poner la vara de lo que sucede cuando un osado traspasa su línea.

De la política a la técnica
En un par de ocasiones he conversado con gente del equipo técnico de la fundación y hemos compartido lo dificultoso que puede ser osar intentar siquiera el emprender una acción pro transparencia. Pasa a ser gracioso que de donde nace la propia ley de transparencia no haya consenso en estándares mínimos a cumplir. Cualquiera que ingrese a los sitios de transparencia de la cámara de diputados o del senado podrá notar que la información es distinta tanto en amplitud como en profundidad y forma de publicación. Esto impone obstáculos más allá de lo político, pasando a lo técnico en cuanto a la recopilación de información y publicación actualizada.

Pareciera ser que la transparencia debe argumentarse cuando se acercan las elecciones, de modo de blanquear las negras capas que opacan la labor congresal, aunque se agradecerá que para la Ley de Transparencia 2.0 haya al menos un acuerdo en qué deben publicar quienes hacen la ley.

¿Generar una API para tener las votaciones actualizadas, la asistencia al día, transmisión online de las comisiones o acciones de OpenData es muy complejo?, ¿Es que acaso existe la intención de transparentar más allá de la declaración de buenas intenciones a la labor pública desarrollada con dinero público que ejerce el Congreso?.

La duda queda.

Desayunándome, ayer oí de esto:
“El estudio desarrollado por la ONG Activa, y que tomó como muestra dos meses de los años 2010 y 2011, da cuenta de un aumento en torno al 50% en la compra de productos alcohólicos por parte de las distintas reparticiones públicas.
Así su directora, Gloria Requena, indicó que las instituciones que mayores recursos destinan a la adquisición de bebidas en base a alcohol son las Fuerzas Armadas, la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República.”
— Vía Radio Bío Bío

Desde luego esto debió pasar colado comparándolo con los hechos históricos de ayer (movilizaciones, encuestas, etc.).

El gato de espaldas
Oí al diputado Mario Bertolini defender como gato de espaldas en Radio Bío Bío el gasto que realizaba la cámara, a través de argumentos falaces -desconozco si con dolo o ignorancia pura- basados en promedios, lo que pone supuestos tan burdos como que hasta la gente del aseo toma en el congreso. Desde luego usó el clásico argumento de los antioxidantes y “recomendaciones médicas” (recordé el argumento de Maciel para justificar abusos con “autorización papal”) .

Realmente sentí vergüenza al no oir siquiera un mínimo de sentido de responsabilidad de los mismos que hacen gárgaras restringiendo a la propia ciudadanía acerca de cuándo y cuánto deben(mos) beber.

Nadie restringe que pueda beber todo lo que quiera. Que sea un alcohólico o cocainómano si quiere serlo, en su casa y con su dinero. El punto de fondo aquí es acerca de la función -¿¿legislando con alcohol en la sangre??-, de los recursos públicos implicados y los esfuerzos por “transparentar” todo lo relativo a un trabajo de representación.

Tolerancia cero
La ciudadanía debería esperar que, primero, no se beba alcohol en entidades públicas —de igual modo que no se permite fumar, por ejemplo— y obviamente en segundo término pero quizá más importante aún, que los recursos públicos no sean gastados en alcohol.

¿En cuánto aporta al desarrollo del país aquellas compras?, ¿Se ve reflejado de alguna forma este tipo de compras con fondos públicos en algún avance además del de alcohol en la sangre?

Habrá despedidas, bienvenidas, cumpleaños, o las celebraciones que se quieran pero algo muy distinto es gastar recursos públicos orientados a servicios de alguna repartición particular con cargo al erario fiscal. De esto a que los fumadores liciten cartones de cigarrillos —o mejor habanos para subir el pelo— estamos a un paso.

De igual forma en como se nos registra aleatoriamente cuando accedemos en automóvil a alguna vía pública a través de alcotest, tendremos que hacer lo mismo a los representantes antes de que ingresen al congreso?, a las salas?, o a votar?. ¿El potencial de muerte de un conductor al entrar a una carretera con alcohol en la sangre, no es igual para los alcoholizados diputados que toman decisiones que nos afectan a TODOS?, ¿acaso con la edad la “tolerancia” al alcohol se mantiene intacta?.

Promoción país con cargo a quién corresponde
Es entendible que entidades de promoción del país tengan celebraciones, cenas, etc., pero por la misma naturaleza de promoción y difusión de empresas privadas (viñas, por ejemplo), este cargo sea asumido por las propias empresas que verán los frutos de esta inversión a futuro.

Ahora suena razonable que tanto el Senado como la Cámara de Diputados haya dado un “trato especial” al momento de definir lo que les competía en cuanto a la Ley de Transparencia. He enfocado este pequeño post a la Cámara de Diputados ya que son ellos los que definen el rayado de esta cancha y reciben ingresos públicos por ello, pero no desconozco aquí la responsabilidad de la propia Presidencia (!) y el Ejército.

Enlaces relacionados
Denuncian que reparticiones públicas aumentaron en casi un 50% sus compras de bebidas alcohólicas

Chaleco López, motociclista reconocido internacionalmente y oriundo de Curicó -específicamente Teno- tuvo un accidente en el Rally de Túnez, que lo dejó con una fractura expuesta y edema pulmonar. El ex campeón mundial de Rally Cross Country se encuentra en Italia, específicamente en el Ospedale Maggiore de Bologna desde donde tendría que ser trasladado a Chile para su recuperación.

El traslado a Chile obviamente tiene un costo, por lo que el Honorable Diputado Celso Morales orientó sus esfuerzos a hacer campaña. Aunque nada hacía presagiar que…

Durante la mañana
Nuestro honorable diputado, siempre tan preocupado del deporte, apareció en crónicas del estilo “Diputado encabeza gestiones de Gobierno para el retorno de “Chaleco” López a Chile”. Vía Terra nos enteramos que “en un comunicado señaló (Morales) que “estamos concentrados en conseguir los recursos necesarios para lograr su traslado desde Italia para que continúe con sus recuperación en Chile. Es por ello que el apoyo que nos puedan entregar será vital para conseguir finalmente el objetivo”. Agregó que “la Municipalidad de Curicó ya comprometió dineros para aportar en esta campaña y ahora estamos gestionando a nivel del Gobierno para conseguir lo que falta porque se deben cumplir una serie de condiciones médicas para realizar el traslado de la manera que corresponde, sin correr riesgos”. “Es por ello que junto al Subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, ya iniciamos todas las gestiones a nivel de Cancillería y embajadas para lograr el retorno lo más pronto posible de López a Chile”, remató Morales.”

El capital necesario bordearía los US$20.000 dólares.

El Diputado afirmó luego en entrevista en Radio Cooperativa que “esos 15.000 o 20.000 dólares no es una gran cantidad para el Estado”…
De hecho los US$5.000 de incerteza son sólo $2.500.000…
Consultado acerca de los participantes en la bolsa de aportes, afirmó que participarían de la campaña: los sponsors, una clínica, la “Municipalidad de Curicó, yo también y el gobierno definitivamente son los que van a asumir estos gastos”. De su propio bolsillo inclusive (!?). En cuanto al aporte del Municipio, el ex Alcalde y actual diputado afirmó, ante la consulta periodística de que los municipios usualmente tienen pocos recursos, que “los recursos están”.

Teniendo esto en mente y sabiendo que el municipio NO tendría un ítem dentro de sus finanzas del tipo “Apoyo para rescatar deportistas en el extranjero” por lo que, si tuvieran que aportar deberían realizar una modificación presupuestaria -A.K.A. “la modi”- que tendría que pasar por el Honorablísimo Concejo Municipal; consulté a un concejal por si efectivamente el municipio haría ese aporte, a lo que un “nada que yo sepa” cerró la opción, al menos temporalmente, de que el asunto fuese discutido en Concejo.

Durante la tarde-noche
Al correr del reloj, aparece una nueva versión en donde se afirma que López no tendría necesidad de los aportes dado que el apoyo de sponsors y una clínica lograrían que pudiese regresar con los cuidados necesarios teniendo en mente su condición de salud. Muy cortés, López en su web expone su agradecimiento a quienes ya estaban en campaña —y con fondos supuestamente reunidos— para traelo de vuelta. “Tenemos completamente financiado el regreso a Chile” dijo López . A pesar de esto Canal 13 insiste en que la diferencia la habría pagado IND y el municipio.

De esta situación me aparecen las siguientes preguntas: ¿eran US$15.000 o eran US$20.000?, ¿se informó el diputado realmente de la situación previo a hacer pública la petición?, ¿López le quitó el piso o Morales nunca tuvo piso?, ¿le fallaron los frenos a Morales?, ¿de qué forma se pueden sacar recursos municipales sin realizar modificaciones presupuestarias que pasen por evaluación del Concejo?, ¿existen fondos disponibles discresionalmente por parte del Alcalde, sin licitaciones ni modificaciones presupuestarias?, ¿si cualquier diputado llama al Alcalde pidiendo fondos, los tendrá a su disposición como en este caso?, ¿cómo sabe un diputado si hay o no hay dinero en arcas municipales, vía “el telefonazo”?, ¿cómo sabe un ciudadano si hay o no hay dinero en arcas municipales?.

¿Ahora que es sabido que no se requerirán esos US$15.000 o US$20.000 que se hará con los fondos supuestamente comprometidos?, ¿Cancún maybe?

Si hay un asado, no creo que me inviten después de este post :-)

Ya luego de lo que expuso Nibaldo Mosciatti poco me queda por decir. Pueden verlo acá.

Me interesa profundizar un tema que considero necesario abordar, porque ya pasó y seguirá pasando en una sociedad en donde las redes están más lubricadas que nunca y por lo mismo, el temor en algunos comienza a abrirse paso con mayor velocidad de la que tenían pensada.

Rol público, obligaciones públicas, exposición pública y transparencia.
Ya está llegando a un nivel absurdo el asunto de la no-responsabilidad ante decisiones que afectan lo público. Tal como en un fusilamiento, se ha expuesto como negativo el dar a conocer quiénes y datos de quienes votarán por aprobar o rechazar esta iniciativa. Es cierto, existe presión sobre la decisión y está excelente que así sea: cada decisión en lo público debiese ser fuente de presión al saber que lo que se está decidiendo no afecta únicamente a quien decide sino a un colectivo que entrega la decisión de forma indirecta —vía presidente de la república en este caso— a seremis por ejemplo.

Foto desde El Repuertero

Que un sitio web haya reunido la información de cada votante, la que cualquier hijo de vecino puede encontrar expuesta en los diferentes portales de las representaciones gubernamentales locales, con datos encontrables también en cualquier guía telefónica, me parece absolutamente válido e incluso necesario en vista de lo que están decidiendo y, reitero, ante un rol público que asumieron cuando firmaron su contrato. No solo de dulce está compuesta la labor pública en regiones (flashes, caminatas con los agentes del reyno, medios, proyección para futuras elecciones, salario más que sobre el promedio…, prebendas del cargo, pisco sour y carpaccio) sino también de lo que imagino algunos considerarán de agraz (decidir poniendo el nombre en juego, impactar realmente desde su cargo, cumplir metas y objetivos, etc.).

Me alegra ver cómo la ciudadanía se hace cargo, tomando realmente como una responsabilidad esa propia ciudadanía y no dejando sólo para las elecciones su preocupación acerca del presente y futuro. Por eso mismo me extraña el comportamiento que en lo público se da de asuntos que son estrictamente públicos. Este no es un negocio privado en donde puedo mantener cartas bajo la mesa. Tanto es así que desde el interior de la propia institucionalidad se reconoce como una necesidad al exponer la información de sus representantes en los sitios gubernamentales ya mencionados.

Este asunto me recuerda a cuando aquella ex intendenta y su presidente de partido discutían acerca de uso de grabadoras en reuniones de convocatoria pública: si representas intereses públicos, que afectan fondos y acciones públicas, qué problema hay en que tu agenda sea pública, tu salario sea público y todo lo que dices relacionado a tu rol sea público?, Cuál es el temor?, o es que el interés por hacer público algo se define a la medida del que usa el rol?

Recomendado
Huatacondo

Las iniciativas de open government no dejan de aparecer y desde luego las iniciativas que emergen desde la propia ciudadanía si bien pueden llegar a ser un gran aporte, dejan en evidencia el interés institucional concreto de llevar a cabo iniciativas de este tipo, o de plano la falta de él. Tendremos claro que quienes quieran mantener la opacidad feudal en lo público, intentarán por todos los medios poner cota a emprendimientos de este estilo desde dentro del propio Estado o sus administraciones relacionadas que funcionan en base a recursos públicos.

Desde luego ha sido inspiradora la iniciativa de John en Winthropma, Massachusetts, en donde poco a poco va encaminando un nodo de información útil para ciudadanía y participación. Desde luego todos los contenidos son comentables e integrados a redes sociales a un clic de distancia. Este emprendimiento social también ha sido comentado por César en su “Si no abres tu gobierno, los ciudadanos lo abrirán“. La singularidad viene dada por en enfoque de Gobierno Abierto desde fuera del propio gobierno.

En Maulelabs desde su formación definimos un enfoque ciudadano que ha propiciado iniciativas del estilo de Duam, que fomentan la expresión y participación de la ciudadanía dentro de la creación de imaginarios posibles para la propia ciudad (comuna) y su futuro, espacio común que suponemos de interés general de quienes las forman. Proyectos de este estilo u otras a nivel nacional como VotaInteligente que además de promover la participación y transparentar la actividad representativa, presionan para que la orgánica institucional también haga lo suyo. En nuestro caso y luego de bajar algunos humos, se logró una parchada Ley de Transparencia que parchada y todo ha sido un aporte, aunque no es suficiente.

Pensar en este estilo de iniciativas, desde su génesis debe tener el análisis de las particularidades de cada comunidad. El, o mejor dicho los traumas de participación desencadenados en una América Latina convulsionada hace algunas décadas por la participación —militarizada y única por cierto— castigada para la ciudadanía en general, salvo paras las elites civiles gobernantes aliada a la militarizada, ha hecho lo suyo. La poda sistemática de los tópicos humanistas y cívicos en la formación primaria y secundaria en la educación pública ha hecho el resto. Y bueno, cuando ves que matan por pensar distinto, por opinar o por contravenir algún designio “supremo” supuestamente infalible, el primer impulso que aparece es prevenir a las futuras generaciones para que al menos conserven la vida. Esto fue abordado en cada país en concordancia a la idiosincracia local. En la experiencia chilena vemos que lograron impregnar que era más simple degustar Sábado Gigante y el Jappening.

Esta pausa contextual en el relato es para tomar en cuenta uno de los aspectos al abordar iniciativas en el sentido de lo que se debe enfrentar cuando hablamos de participación ciudadana. Tal como comentaba hace unas horas, es importante contextualizar la experiencia latinoamericana en su justa medida dependiendo de la condición particular de cada país. La existencia de directivas de Gobierno Abierto si bien entregan inspiración y lineamientos posibles, responden a contextos particulares de cada país o agrupación común de ellos previa identificación de las particularidades de cada cual. Asumir a rajatabla todas las directivas y lineamientos como un dogma, sin racionalidad y únicamente por cumplir o por que “es lo que se viene”, puede ser incluso mas dañino entre otras cosas por el clásico incumplimiento de expectativas ciudadanas.

De ningún modo es un llamado a la resta, a dejar de hacer o a limitar las futuras iniciativas que esperamos que sigan floreciendo, únicamente es un llamado a dar contexto para lograr que estas iniciativas sean exitosas y se expandan por toda América, en una nueva ola de libertad, de esa que hacia latir los corazones hace doscientos años.