Bloggeando la vida

Desayunándome este sábado, veo el titular del Mostrador que informa que “UDI evalúa tomar acciones legales contra Fundación Ciudadano Inteligente“.

Para dar un poco de contexto, la fundación lanzó una web que permite conocer los posibles conflictos de interés de los representantes basándose en las sociedades a las que pertenecen, llamado Inspector de Intereses. La batahola suscitada, además de abrir una olla de grillos que imagino no hay interés en abrir completamente, expone algunos puntos que me gustaría poner en la conversación.

Nadie comprueba, todos confían
Si hay diferencias en la información, en 1 empresa o 1000, claramente nos enfrentamos a una sutuación de falta de transparencia, dejadez o simplemente dolo. En este punto ciertamente se compromete la palabra de cada representante que da su firma, palabra y honor al momento de entregar la información como cierta; de paso, se evidencia la falta de comprobación por parte de la propia institucionalidad que recibe en un acto de fe de origen casi divino cada uno de los papeeles que los honorables y honestos representantes entregan. Recordar, una cosa es el poder conferido por una democracia sujeta con palitos de fòsforòs, pero otra cosa es el humano que se integra a las filas congresales.

¿Quién se equivoca?
Se intenta balancear la pesa de la culpa hacia el lado de la Fundación. Imagino que más de una carraspera ha ocasionado alguna de las aplicaciones que han lanzado dentro de la institucionalidad y que por lo mismo, este momento llegaría. Que una fundación cometa un error -inclusive habiendo enviado la petición de revisión a los propios congresistas, lo que me pareció innecesario- publicando información recolectada desde el SII y Diario oficial debiese de cuestionar la propia entrega de la información de los congresistas y no la publicación de la misma, dando la responsabilidad de veracidad a una entidad que intenta dar un poco de transparencia al juego opaco habitual.

Los molestos de siempre
Además de todo, expone un diputado que le ha molestado que se haya hecho un trabajo mal. Además de lo absurdo de la afirmación teniendo en consideración de que fueron avisados a tiempo para revisar la información. Sincerémonos y seamos francos, la afirmación debiese ser que les molestó que se haya hecho el trabajo.

También se habla del desprestigio a los parlamentarios, como si aquél dependiese de la exposición de datos que pudieron ser recolectados por cualquiera de nosotros. Me parece que la fuente del desprestigio al que la actividad congresista está expuesta tiene otro origen. La propia amenaza de las acciones legales denosta la labor parlamentaria al poner la vara de lo que sucede cuando un osado traspasa su línea.

De la política a la técnica
En un par de ocasiones he conversado con gente del equipo técnico de la fundación y hemos compartido lo dificultoso que puede ser osar intentar siquiera el emprender una acción pro transparencia. Pasa a ser gracioso que de donde nace la propia ley de transparencia no haya consenso en estándares mínimos a cumplir. Cualquiera que ingrese a los sitios de transparencia de la cámara de diputados o del senado podrá notar que la información es distinta tanto en amplitud como en profundidad y forma de publicación. Esto impone obstáculos más allá de lo político, pasando a lo técnico en cuanto a la recopilación de información y publicación actualizada.

Pareciera ser que la transparencia debe argumentarse cuando se acercan las elecciones, de modo de blanquear las negras capas que opacan la labor congresal, aunque se agradecerá que para la Ley de Transparencia 2.0 haya al menos un acuerdo en qué deben publicar quienes hacen la ley.

¿Generar una API para tener las votaciones actualizadas, la asistencia al día, transmisión online de las comisiones o acciones de OpenData es muy complejo?, ¿Es que acaso existe la intención de transparentar más allá de la declaración de buenas intenciones a la labor pública desarrollada con dinero público que ejerce el Congreso?.

La duda queda.

Desayunándome, ayer oí de esto:
“El estudio desarrollado por la ONG Activa, y que tomó como muestra dos meses de los años 2010 y 2011, da cuenta de un aumento en torno al 50% en la compra de productos alcohólicos por parte de las distintas reparticiones públicas.
Así su directora, Gloria Requena, indicó que las instituciones que mayores recursos destinan a la adquisición de bebidas en base a alcohol son las Fuerzas Armadas, la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República.”
— Vía Radio Bío Bío

Desde luego esto debió pasar colado comparándolo con los hechos históricos de ayer (movilizaciones, encuestas, etc.).

El gato de espaldas
Oí al diputado Mario Bertolini defender como gato de espaldas en Radio Bío Bío el gasto que realizaba la cámara, a través de argumentos falaces -desconozco si con dolo o ignorancia pura- basados en promedios, lo que pone supuestos tan burdos como que hasta la gente del aseo toma en el congreso. Desde luego usó el clásico argumento de los antioxidantes y “recomendaciones médicas” (recordé el argumento de Maciel para justificar abusos con “autorización papal”) .

Realmente sentí vergüenza al no oir siquiera un mínimo de sentido de responsabilidad de los mismos que hacen gárgaras restringiendo a la propia ciudadanía acerca de cuándo y cuánto deben(mos) beber.

Nadie restringe que pueda beber todo lo que quiera. Que sea un alcohólico o cocainómano si quiere serlo, en su casa y con su dinero. El punto de fondo aquí es acerca de la función -¿¿legislando con alcohol en la sangre??-, de los recursos públicos implicados y los esfuerzos por “transparentar” todo lo relativo a un trabajo de representación.

Tolerancia cero
La ciudadanía debería esperar que, primero, no se beba alcohol en entidades públicas —de igual modo que no se permite fumar, por ejemplo— y obviamente en segundo término pero quizá más importante aún, que los recursos públicos no sean gastados en alcohol.

¿En cuánto aporta al desarrollo del país aquellas compras?, ¿Se ve reflejado de alguna forma este tipo de compras con fondos públicos en algún avance además del de alcohol en la sangre?

Habrá despedidas, bienvenidas, cumpleaños, o las celebraciones que se quieran pero algo muy distinto es gastar recursos públicos orientados a servicios de alguna repartición particular con cargo al erario fiscal. De esto a que los fumadores liciten cartones de cigarrillos —o mejor habanos para subir el pelo— estamos a un paso.

De igual forma en como se nos registra aleatoriamente cuando accedemos en automóvil a alguna vía pública a través de alcotest, tendremos que hacer lo mismo a los representantes antes de que ingresen al congreso?, a las salas?, o a votar?. ¿El potencial de muerte de un conductor al entrar a una carretera con alcohol en la sangre, no es igual para los alcoholizados diputados que toman decisiones que nos afectan a TODOS?, ¿acaso con la edad la “tolerancia” al alcohol se mantiene intacta?.

Promoción país con cargo a quién corresponde
Es entendible que entidades de promoción del país tengan celebraciones, cenas, etc., pero por la misma naturaleza de promoción y difusión de empresas privadas (viñas, por ejemplo), este cargo sea asumido por las propias empresas que verán los frutos de esta inversión a futuro.

Ahora suena razonable que tanto el Senado como la Cámara de Diputados haya dado un “trato especial” al momento de definir lo que les competía en cuanto a la Ley de Transparencia. He enfocado este pequeño post a la Cámara de Diputados ya que son ellos los que definen el rayado de esta cancha y reciben ingresos públicos por ello, pero no desconozco aquí la responsabilidad de la propia Presidencia (!) y el Ejército.

Enlaces relacionados
Denuncian que reparticiones públicas aumentaron en casi un 50% sus compras de bebidas alcohólicas

Es cierto, la Ley de Transparencia ha sido un avance notable en cuanto a la apertura hacia la ciudadanía. Hoy cualquier ciudadano puede solicitar información tanto en lo relativo a Transparencia Activa como a Transparencia Pasiva. Esto ya ha dados sus frutos no solo en investigaciones para las cuales antes se llegaba incluso a negar información, sino en la revisión de las entidades y representantes a través de sus sitios web por los ciudadanos (administraciones comunales, la Cámara, el Senado, etc.) vinculando y fomentando la relación Ciudadano-Estado.

Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué no facilitar una API que permita el acceso a la información pública –acceso velado por ley- de forma autónoma y activa de parte de los ciudadanos interesados en nuevas formas de ver y exponer la información ya entregada?

La API
Una API o Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones) es una interfaz a un conjunto de funciones y procedimientos para obtener cierta información. Por si no se entiende, quizá un ejemplo lo esclarezca. Imagine que tiene una alacena desordenada y quiere saber que falta por comprar. Una forma es intentar ordenar, contar y anotar lo que tiene para luego ver que le falta. Otra forma más ordenada sería tener en la puerta de la alacena una lista con lo que tiene. Si la alacena es pequeña para el ejemplo, entonces imagine una gran bodega. La información estará almacenada y su cerebro sabrá cómo preguntar para obtener la respuesta. Ese “como” lo resuelve la API, enviándole el dato que usted desea. Teniendo el dato, sabrá que le falta y podrá adquirirlo sin necesidad de ir cada vez a revisar completa la bodega o la alacena.

Pensar en pedir una API sin una Ley de Transparencia o una ley afín es francamente ilógico, no obstante, ya la tenemos pero la usamos de forma básica teniendo que ir una a una, agencia por agencia gubernamental para conocer que está sucediendo en nuestra comunidad.

Si quiero saber de la región del Maule, tendré que visitar por ejemplo, primero el sitio de transparencia de mi municipio, luego tendré que visitar el sitio de transparencia del Senado, luego tendré que visitar el sitio de transparencia de la Cámara de Diputados, luego tendré que visitar el sitio del gobierno regional, luego… lo que francamente es un despropósito al momento de pensar en una unidad regional en donde la respuesta obvia sería un sitio agregador de antecedentes que tenga la variable geográfica como eje transversal para exponer la información.

La complejidad técnica para llevar a cabo esta idea es menor a lo que parece, dado que la mayor complejidad para este tipo de iniciativas no tiene que ver con la naturaleza de la información o con los datos en sí, sino con las prácticas tecnológicas y los sistemas de personas que están detrás y que, por Ley, tuvieron que reunir y publicar mensualmente la información en las áreas reglamentadas. Información que en gran cantidad de casos cumple con los estándares solicitados. Vale decir, la parte más compleja de asimilación de funciones y capacitación ya estaría ok según se ve desde fuera.

Si bien esto puede considerarse como el deseo de un ñoño amante de los datos e información, cabe revisar algunas inciativas de Open Data como Data.Gov (USA), Data Catalog (Columbia), European Public Sector Information (EU) para ver parte del potencial que la información pública puede tener en manos de ciudadanos creativos y de las mismas entidades públicas como forma de mayor apertura y cercanía hacia la ciudadanía por la que trabajan.

El primer paso en Chile ya lo dieron hace algunos años los senadores de la Región del Maule. ¿Quién dará el próximo?

Los honorables hacen de las suyas en época de elecciones y reelecciones. Vea este video que desde luego no tiene otro objetivo que proteger y apoyar a las primeras comunidades que vivieron en Chile antes que se llamase Chile.

Algunas conclusiones preliminares:
- Los políticos no saben pelear.
- Sergio Correa de la Cerda vive (ver minuto 2, segundo 16).
- Chuck Norris legó su enseñanza a Correa de la Cerda, éste a Moreira y luego al diputado Arenas. En la academia en entrenamiento debe estar Celso Morales.
- A Perez-Yoma le subió el azúcar.
- Las interpelaciones son métodos constructivos para mejorar Chile.

“No estamos para legislar a favor de las mayorías”
– Marcelo Forni, Honorable Diputado

Debo ser yo. No entendí nunca lo que significaba democracia en realidad.