Hace días que circula en web el caso de dos trabajadores de medios de comunicación curicanos -una radio y un diario- que pasan a cobrar mes a mes honorarios bajo las cuentas de salud y educación(*) en el municipio local. Debo admitir que desde antes de que apareciese en la web, tenía conocimiento por medio de rumores que existían personas con las mismas prácticas. Y no solo en el municipio de Curicó. La diferencia es lo que hoy podemos llegar a hacer luego de tal rumor.
Desconozco si efectivamente realizan los trabajos por los cuales reciben tales salarios, pero me preocupa. No solo por los recursos que mes a mes aparecen en las cuentas municipales (desde hace años al parecer), ni por los conflictos de interés al trabajar en medios y municipio a la vez, sino por la actitud que el jefe comunal -y responsable final de la gestión inclusive- expresa al manifestar que, de no haber petición por parte de Contraloría, el tema pasará a mejor vida. Nuevamente nos enfrentamos al conflicto acostumbrado, de que lo legal prime por sobre lo ético.
Este tema ha aparecido en twitter y en algunos ha causado inquietud. Se ha señalado que los medios de prensa curicanos son de la misma tendencia del edil y que, por lo mismo, el tema será finalmente bajado. Como muchos. Peor aun, cuando hay amenazas de por medio.
Lejos de pensar en que los medios -”4to poder”- o los fiscalizadores por opción y validación comunitaria -diputados, concejales, etc.- deben tener toda la responsabilidad y asumirla, pienso que somos los propios ciudadanos quienes debemos expresar nuestro interés, responsabilidad y derecho ante la sospecha o interés cualquiera, por conocer más acerca de nuestras entidades de representación y controlar las manos en las cuales hemos depositado nuestra confianza. Control ciudadano, no cada cuatro años, sino de forma permanente.
Debo reconocer un logro de nuestros dos veteranos representantes senatoriales a los que en algún momento he reprochado su pasividad. Larraín y Gazmuri puede que en 20 años no hayan hecho nada, pero en gran medida, su aporte de la Ley de acceso a la información pública ha sido un instrumento que ha abierto posibilidades que aún son insospechadas en su alcance. Ciper y El Mostrador han dado cuenta de ello.
Por la naturaleza de mi trabajo, he debido relacionarme con la “Ley de Transparencia”, apoyando a algunas instituciones públicas a lograr plataformas que les permitan cumplir con las exigencias impuestas desde mediados del 2008.
En algunos casos me ha asombrado el interés por parte de quienes las encabezan por cumplir fielmente las exigencias y respetar los plazos, mal que mal, ser sancionado puede afectar directamente el bolsillo de quien no cumple la Ley. A pesar de esto, me ha sorprendido no poder tener acceso, por ejemplo, a las Actas del Concejo Municipal de Curicó, bajo el concepto de Transparencia Activa. He podido tener acceso a ellas por medio de Transparencia Pasiva, esto es, teniendo que solicitar vía correo electrónico tal documentación, que dicho sea de paso, no debiese revestir ningún “riesgo” para el municipio en vista de expresar simplemente lo que sucede en un acto intrinsecamente público, como lo es el Concejo Municipal. Cero intención de transmitirlo online tampoco. No todos cabemos en la sala. No todos podemos verlo a la hora en la que se realiza. No interesa lograr la transmisión al parecer.
¿Más diputados?,¿Más concejales?, creo que no es la opción. Ciudadanos responsables y comprometidos con fiscalizar usando las alternativas legales puede aportar más a mejorar las instituciones representativas. Esto por el lado de los ciudadanos. Por el lado del Estado o instituciones públicas, la “voluntad” y “disposición” no solo de cumplir la ley, sino de servir de mejor modo a la ciudadanía es fundamental.
Sin el interés sincero de dar un mejor servicio, con probidad y transparencia en lo que se muestra y lo que no se muestra, simplemente, seguiremos teniendo la sospecha eterna de como se hacen las cosas y eso, no claramente no es positivo para Chile.
(*) Este link anteriormente mostraba el listado que fue retirado por el Municipio de Curicó.
