Desayunándome este sábado, veo el titular del Mostrador que informa que “UDI evalúa tomar acciones legales contra Fundación Ciudadano Inteligente“.
Para dar un poco de contexto, la fundación lanzó una web que permite conocer los posibles conflictos de interés de los representantes basándose en las sociedades a las que pertenecen, llamado Inspector de Intereses. La batahola suscitada, además de abrir una olla de grillos que imagino no hay interés en abrir completamente, expone algunos puntos que me gustaría poner en la conversación.
Nadie comprueba, todos confían
Si hay diferencias en la información, en 1 empresa o 1000, claramente nos enfrentamos a una sutuación de falta de transparencia, dejadez o simplemente dolo. En este punto ciertamente se compromete la palabra de cada representante que da su firma, palabra y honor al momento de entregar la información como cierta; de paso, se evidencia la falta de comprobación por parte de la propia institucionalidad que recibe en un acto de fe de origen casi divino cada uno de los papeeles que los honorables y honestos representantes entregan. Recordar, una cosa es el poder conferido por una democracia sujeta con palitos de fòsforòs, pero otra cosa es el humano que se integra a las filas congresales.
¿Quién se equivoca?
Se intenta balancear la pesa de la culpa hacia el lado de la Fundación. Imagino que más de una carraspera ha ocasionado alguna de las aplicaciones que han lanzado dentro de la institucionalidad y que por lo mismo, este momento llegaría. Que una fundación cometa un error -inclusive habiendo enviado la petición de revisión a los propios congresistas, lo que me pareció innecesario- publicando información recolectada desde el SII y Diario oficial debiese de cuestionar la propia entrega de la información de los congresistas y no la publicación de la misma, dando la responsabilidad de veracidad a una entidad que intenta dar un poco de transparencia al juego opaco habitual.
Los molestos de siempre
Además de todo, expone un diputado que le ha molestado que se haya hecho un trabajo mal. Además de lo absurdo de la afirmación teniendo en consideración de que fueron avisados a tiempo para revisar la información. Sincerémonos y seamos francos, la afirmación debiese ser que les molestó que se haya hecho el trabajo.
También se habla del desprestigio a los parlamentarios, como si aquél dependiese de la exposición de datos que pudieron ser recolectados por cualquiera de nosotros. Me parece que la fuente del desprestigio al que la actividad congresista está expuesta tiene otro origen. La propia amenaza de las acciones legales denosta la labor parlamentaria al poner la vara de lo que sucede cuando un osado traspasa su línea.
De la política a la técnica
En un par de ocasiones he conversado con gente del equipo técnico de la fundación y hemos compartido lo dificultoso que puede ser osar intentar siquiera el emprender una acción pro transparencia. Pasa a ser gracioso que de donde nace la propia ley de transparencia no haya consenso en estándares mínimos a cumplir. Cualquiera que ingrese a los sitios de transparencia de la cámara de diputados o del senado podrá notar que la información es distinta tanto en amplitud como en profundidad y forma de publicación. Esto impone obstáculos más allá de lo político, pasando a lo técnico en cuanto a la recopilación de información y publicación actualizada.
Pareciera ser que la transparencia debe argumentarse cuando se acercan las elecciones, de modo de blanquear las negras capas que opacan la labor congresal, aunque se agradecerá que para la Ley de Transparencia 2.0 haya al menos un acuerdo en qué deben publicar quienes hacen la ley.
¿Generar una API para tener las votaciones actualizadas, la asistencia al día, transmisión online de las comisiones o acciones de OpenData es muy complejo?, ¿Es que acaso existe la intención de transparentar más allá de la declaración de buenas intenciones a la labor pública desarrollada con dinero público que ejerce el Congreso?.
La duda queda.
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