Una API para el Poder Legislativo de Chile

Es cierto, la Ley de Transparencia ha sido un avance notable en cuanto a la apertura hacia la ciudadanía. Hoy cualquier ciudadano puede solicitar información tanto en lo relativo a Transparencia Activa como a Transparencia Pasiva. Esto ya ha dados sus frutos no solo en investigaciones para las cuales antes se llegaba incluso a negar información, sino en la revisión de las entidades y representantes a través de sus sitios web por los ciudadanos (administraciones comunales, la Cámara, el Senado, etc.) vinculando y fomentando la relación Ciudadano-Estado.

Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué no facilitar una API que permita el acceso a la información pública –acceso velado por ley- de forma autónoma y activa de parte de los ciudadanos interesados en nuevas formas de ver y exponer la información ya entregada?

La API
Una API o Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones) es una interfaz a un conjunto de funciones y procedimientos para obtener cierta información. Por si no se entiende, quizá un ejemplo lo esclarezca. Imagine que tiene una alacena desordenada y quiere saber que falta por comprar. Una forma es intentar ordenar, contar y anotar lo que tiene para luego ver que le falta. Otra forma más ordenada sería tener en la puerta de la alacena una lista con lo que tiene. Si la alacena es pequeña para el ejemplo, entonces imagine una gran bodega. La información estará almacenada y su cerebro sabrá cómo preguntar para obtener la respuesta. Ese “como” lo resuelve la API, enviándole el dato que usted desea. Teniendo el dato, sabrá que le falta y podrá adquirirlo sin necesidad de ir cada vez a revisar completa la bodega o la alacena.

Pensar en pedir una API sin una Ley de Transparencia o una ley afín es francamente ilógico, no obstante, ya la tenemos pero la usamos de forma básica teniendo que ir una a una, agencia por agencia gubernamental para conocer que está sucediendo en nuestra comunidad.

Si quiero saber de la región del Maule, tendré que visitar por ejemplo, primero el sitio de transparencia de mi municipio, luego tendré que visitar el sitio de transparencia del Senado, luego tendré que visitar el sitio de transparencia de la Cámara de Diputados, luego tendré que visitar el sitio del gobierno regional, luego… lo que francamente es un despropósito al momento de pensar en una unidad regional en donde la respuesta obvia sería un sitio agregador de antecedentes que tenga la variable geográfica como eje transversal para exponer la información.

La complejidad técnica para llevar a cabo esta idea es menor a lo que parece, dado que la mayor complejidad para este tipo de iniciativas no tiene que ver con la naturaleza de la información o con los datos en sí, sino con las prácticas tecnológicas y los sistemas de personas que están detrás y que, por Ley, tuvieron que reunir y publicar mensualmente la información en las áreas reglamentadas. Información que en gran cantidad de casos cumple con los estándares solicitados. Vale decir, la parte más compleja de asimilación de funciones y capacitación ya estaría ok según se ve desde fuera.

Si bien esto puede considerarse como el deseo de un ñoño amante de los datos e información, cabe revisar algunas inciativas de Open Data como Data.Gov (USA)Data Catalog (Columbia)European Public Sector Information (EU) para ver parte del potencial que la información pública puede tener en manos de ciudadanos creativos y de las mismas entidades públicas como forma de mayor apertura y cercanía hacia la ciudadanía por la que trabajan.

El primer paso en Chile ya lo dieron hace algunos años los senadores de la Región del Maule. ¿Quién dará el próximo?

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Por si falta pan, aquí hay circo

Los honorables hacen de las suyas en época de elecciones y reelecciones. Vea este video que desde luego no tiene otro objetivo que proteger y apoyar a las primeras comunidades que vivieron en Chile antes que se llamase Chile.

Algunas conclusiones preliminares:
– Los políticos no saben pelear.
– Sergio Correa de la Cerda vive (ver minuto 2, segundo 16).
– Chuck Norris legó su enseñanza a Correa de la Cerda, éste a Moreira y luego al diputado Arenas. En la academia en entrenamiento debe estar Celso Morales.
– A Perez-Yoma le subió el azúcar.
– Las interpelaciones son métodos constructivos para mejorar Chile.

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De transparencia, legisladores y municipios

La Ley 20.285 o la “ley de acceso a la información pública” tiene una dualidad que me parece interesante de analizar, ya que por lo positivo, obliga a ser riguroso en la publicación de todo lo publicable siempre que no afecte los típicos asuntos de “seguridad nacional” -como diria Jack Bauer- y afines, poniendo sanciones que de aplicarse podrían significar hasta la mitad menos del sueldo de la cabeza del servicio respectivo. Esto a mi parecer, luego del relajo ético al que asistimos, es necesario aunque probablemente insuficiente, como todas las medidas pro transparencia que puedan existir. Eso por un lado de la dualidad, por el lado positivo. Por el contrario, ver una ley de este estilo que entrará efectivamente al mundo real este 20 de abril, solo nos demuestra cuan pencas hemos sido como sociedad fiscalizando a quienes mueven miles de millones en recursos públicos y a su vez, cuan pencas han sido aquellos a quienes les pagamos miles de millones de pesos por hacer “profesionalmente” esa labor fiscalizadora: los diputados. El sistema no funciona.

Partimos mal desde el nombre: gol de media cancha
Puede ser un problema de mera forma, de esos que se piensa que no importan al cumplir un requerimiento funcional de legalidad, no obstante, creo que el espíritu de las leyes exige ser precisos en este punto. ¿Qué es la “información pública”? ¿Regula efectiva y transparentemente el acceso a la información pública?

Según la ley, la Información Pública tiene relación con: “ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, fuerzas armadas, de orden y seguridad publica y los organos y servicios publicos creados para el cumplimiento de la labor administrativa”. Impecable, si no tenemos en cuenta que nuevamente tenemos un gol de media cancha, digno de Zoom Deportivo, de nuestros sabios, honestos, probos, esforzados y honorables legisladores. Muy fino, muy fino. Los cortesanos de la Corte Suprema tampoco están dentro de la categoría…

Por que, como sabrán, gran parte de los recursos que obtienen provienen efectivamente de fondos públicos. Supongo que estamos todos de acuerdo en ese punto ¿o no es así? Entonces, ¿qué se esconde? ¿que es lo que no podemos ver?

La indolencia hecha transparente
Pero hay algo que me inquieta. Claramente quienes diseñaron el transantiago no viajaban en locomoción pública. Quienes piensan nuestras políticas de salud tienen Isapre y quienes velan por el bienestar y calidad de la educación pública fueron educados en colegios privados al igual que sus hijos. La indolencia se vuelve transparente y lo peor de todo, el desconocimiento de los propios parlamentarios y comisiones de transparencia, acerca de la realidad de instituciones, en particular, de los municipios.

La municipalidad equilibrista
Salvo contadas excepciones, los municipios no son maquinarias generadoras de dinero como aquél árbol en el que todos hemos soñado alguna vez. Si el dinero fuese el problema, quizá hasta sería simple de resolver.

Nuestros sabios legisladores no entienden que hay municipios que inclusive tienen restricciones de uso de electricidad en sus instalaciones. No conocen de la intermitencia de la red eléctrica en sectores apartados ni menos del aislamiento al que por su propia negligencia mezclada con la mano invisible tienen en lo relativo a internet, pilar en el que se basa gran parte de la ley como via de exposición de información (transparencia activa) y petición de la misma por parte de la ciudadanía (transparencia pasiva).

Para vuestro conocimiento señores honorables diputados y senadores que aprueban leyes que solo dejan en evidencia que su trabajo en terreno no es tal, en el último informe de Estrategia Digital, se muestra que el 79% de los municipios tienen sitio web, por lo que ya entenderemos que aquel 20% restante tendrá que comenzar a destinar fondos de cuentas sociales, educación o quizá de la propia salud pública para cumplir la normativa. No faltará el alcalde que en pos de no ver reducido su sueldo a la mitad, quizá echará mano a alguna triangulación trucha. ¿que les parece? Touché nuevamente queridos parlamentarios. Es el mejor argumento para aparecer en temporada de elecciones en pantalla mostrando su “profunda preocupación” por el uso de los mismos recursos.

Para quien lee este post, probablemente si no es diputado o senador -como Adolfo Zaldívar– tendrá algun grado de alfabetización digital a cuestas y verá que el problema es solucionable por muy artesanal que la solución sea. Aquí es donde aparece a su vez la ironía del destino en carne y hueso: el solucionador. Probablemente si usted visita alguna organización -y sobre todo las públicas- podrá ver el “amor” que le tienen al personal de informática, al menos cuando aquel personal existe. Aquel “amor” es proporcional a la cantidad de filtros de la red.

El encargado de computación
Existen municipios que no tienen departamento de informática. Puede que no sorprenda, pero inclusive existen municipios en los que ni siquiera existe UN encargado de informática. Pero supongamos que existe. La labor básica asignada a los “encargados de computación” de los municipios es de soporte, el solucionador de problemas, el que le hace la vida color de rosa a la señora que no puso atención al curso de alfabetización digital por estar conversando de la noticia que vio en lun con su socia del lado. Aquel “encargado de computación” en un grado de evolución mayor, tuvo que hacerse cargo de lo telemático del municipio, servidores y redes se agregaron a su labor de solucionador de problemas express. Con un poco más de evolución, quizá llegó inclusive a encargarse del sitio web del municipio -pasando a ser departamento de marketing, turismo y cultura y relaciones públicas de una vez- y, desde luego, teniendo como trabajo hacerle las diapos al alcalde, que no entiende que alfabetización digital es más que saber enviar correos electrónicos. Ese ya reventado funcionario ahora tendrá que hacerse cargo de la incompetencia de quienes aun no entienden la magnitud de la avalancha que tienen frente a sus narices. Presiento que algo sucederá pronto.

Es lamentable ver como tras la barrera de humo de derechas, izquierdas, arribas y abajos, algunos optaron por hacer de todo esto un gran espacio para obtener beneficios personales. Cosanguineidad mezclada con ansias de poder, trenzadas con ambición sin límite y descaro afín. Más lamentable ver que esto mismo queda en evidencia en una propia ley de transparencia. Ni tanta frambuesa, ni tanto crack.

¡Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor!…
¡Ignorante, sabio o chorro,
generoso o estafador!
¡Todo es igual!
¡Nada es mejor!
¡Lo mismo un burro
que un gran profesor!
No hay aplazaos
ni escalafón,
los inmorales
nos han igualao.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
¡da lo mismo que sea cura,
colchonero, rey de bastos,
caradura o polizón!…

¡Qué falta de respeto, qué atropello
a la razón!
¡Cualquiera es un señor!
¡Cualquiera es un ladrón!

Cambalache, Enrique Santos Discépolo

¿Seamos transparentes realmente? ¿Veamos las bitácoras de automóviles de diputados, senadores y ministros de la corte? ¿Mostremos sin verguenza cual es nuestro capital accionario y dónde está puesto hasta el centavo? ¿Expongamos a la opinión pública cuales aportes se recibieron y a que fueron destinados en las campañas durante temporada de elecciones?

¿Nos hacemos cargo, finalmente, de quienes somos y de lo que hemos hecho? Ese, es el tema de fondo.

Políticas de transparencia no es lo mismo que política transparente.

CC:
Sergio Correa de la Cerda
Roberto León Ramírez
Juan Antonio Coloma
Jaime Gazmuri Mujica

Enlaces recomendados
La ley de transparencia

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Medios samaritanos, medios mercaderes del templo.

Está causando interés la sanción que la Dirección del Trabajo ha aplicado al Hogar del Buen Samaritano de Molina, mantenido por las Hermanas del Buen Samaritano y que lidera la “Madre Irene”. El Hogar del Buen Samaritano, tal como múltiples instituciones, cumple una labor esencial y, por cierto, una de las tantas de las que el estado no podría hacerse cargo en vista de otras obligaciones. Entre ellas, se hace cargo del abandono y cuidado de aquellos a quienes su familia o la sociedad en general ha dejado de lado, ocupándose del cuidado de su salud y de su vida en general. Cabe señalar, que felicito la labor que realizan, a pesar de no conocerla directamente, pero lo hago fundamentalmente por la preocupación por el otro, algo que en el mundo actual se ve cada día más escaso.

Ayer durante la mañana, por azar o por destino, me tocó oír un programa en una de las radios que más evito sintonizar, que es la Radio Tropical Latina. En ella, una encendida discusión ad misericordiam guiaba el sentido y peticiones, lo que desde luego promovía en los auditores la toma de una posición que, basada en la mezcla de asuntos distintos, intentaba lograr adhesión. Luego de iniciado el tema y la facilidad de tomar posición a favor en vista del interés público -promovido intensa y de algún modo irresponsablemente por prensa sensacionalista como RTL-, multitud de “representantes” han tomado parte activa del tema, yendo de cabeza en contra de las sanciones aplicadas. Durante aquel programa, incluso un par de senadores convenientemente “mostraron su preocupación” –cliché absurdo pero que vende- en torno al tema.

Cabe preguntarnos entonces, dejando del lado las cabezas calientes y corazones interesados, en como enfrentamos esta sanción de ser justamente aplicada por los inspectores. A riesgo de parecer un insensible, cabe señalar que cualquier institución que apoye y proteja a quienes más sufren tendrá todo mi apoyo, no obstante, me aparece sumamente extraña la posición de quienes por un aprovechamiento político intentan y desde luego, seguirán intentando invalidar una decisión de una entidad como la Dirección del Trabajo, gestión que debe apoyarse e incluso asignarse mayores recursos en vista de la falta de inspección que en el espacio del trabajo en general se requiere.

El Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, Coaniquem, Teletón y otras, tienen dentro de su gestión un contingente de personal pagado que apoya la obra y el sentido de acción de cada una de esas instituciones, es decir, gente que entrega sus horas, conocimiento y trabajo y que, por lo mismo, merecen respeto y dignidad en las condiciones propias de su trabajo. Vale decir, las sanciones ante el incumplimiento de reglamentaciones como estas debe mantenerse y promoverse, fundamentalmente por quienes crean la reglamentación y a quienes he oído como se han ido en picada contra quienes aplican las sanciones que ellos mismos crean. El problema de fondo aquí es la igualdad ante la ley.

Me parece apropiado citar esto:

“Se podrá argumentar que los trabajadores deben recibir todos la misma protección. Sin embargo, en el caso de la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, no se trata del mismo tipo de empleador, sino que se trata de la vocación de un servicio guiado por un espíritu cristiano.”
Homero Sepúlveda, Diario La Prensa, 14 de marzo.

¿El “sacrificio” se distribuye proporcionalmente? Por ejemplo, un hoyo en el piso no da las mismas opciones de caida a quien trabaja para una organización con fines de lucro que aquellas que no?

¿Si el estado se preocupa de proteger a los más pobres y promover la educación y salud, podemos aguantar todas las irregularidades que en el se detecten? Una cosa es la misión de la organización pero otra quizás tanto o más importante es el respeto por la legislación vigente en cada paso dado para cumplir tal misión, la que de no existir, inclusive desde la ética pone en duda la propia misión.

En una región eminentemente católica, una institución como el hogar del buen samaritano causa simpatía y aprecio, lo que está bien en el fondo ya que el sentido institucional de protección a mi parecer merece ser apoyado. No obstante, considero que, además de los intentos por evitar sanciones, las presiones que ejerce el gobierno episcopal nos retrotrae a las que ya creía antiguas discusiones entre las divisiones Iglesia – Estado. Está bien buscar nuevos estados espirituales y promoverlos, pero no está para nada bien muñequear decisiones basadas en nuestro señor jesucristo.

Si la labor de nuestros eminentes y honorables legisladores fue bien pensada, existirá la forma de apelar a la sanción en caso de ser injusta y se deberá seguir los trámites en pos de lograr una solución, es decir, el conducto regular. Si no, mostrará no que la Dirección del Trabajo e inspectores han actuado mal, sino la “gran calidad” de las reglamentaciones y legisladores.

Por lo mismo y podríamos verlo como una acción de real servicio público -en el extremo- nuestros representantes podrían pagar su error depositando en la cuenta que corresponda, el pago por la multa cursada. Misericordia y justicia a la vez.

Para finalizar, hago un triple llamado. Primero a apoyar a las instituciones que luego de un examen sean dignas de recibir el apoyo desinteresado y silencioso de quien desee hacerlo tanto laicas como confesionales. El segundo llamado, de la misma forma y apelando al mismo sentido de misericordia, el llamado es para ponerse una mano en el corazón por aquellos a quienes no se les respetan las mínimas condiciones laborales. El tercero y final es para realmente hacerse cargo de las condiciones laborales y su fiscalización, más aun en una región que históricamente se ha destacado por sacarle el quite a gastar por mejorar las condiciones de sus equipos de trabajo.

Es de esperar que a los representantes que visiten el Hogar del Buen Samaritano para “mostrar su preocupación” se les contagie el espiritu de aquel que detuvo su camino para ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Eso es “vocación de servicio” y pasar desde “la contemplación” a la “acción” desinteresada.

Actualización
Martes 17 de Marzo

Mauricio Hernández, jefe comunal de la Inspección del Trabajo de Molina informa en la edición de hoy de Diario La Prensa que se realiza un proceso de fiscalización, pero no se han cursado multas.

Obviamente la declaración aparece en un reducido espacio, sin fotos de quien responde, en comparación con una sentida y “clamorosa” columna en la página completa -ya sabrán cuanto cuesta la plana- y con dos fotos explícitas. Casi publirreportaje como los que solemos ver de Cementos Bio Bio en el diario.

A ver. Algo no me calza. ¿Todo el berrinche del fin de semana ni siquiera había sido confirmado? ¿los medios locales solo respondieron al lobby misericordioso?¿Recularán en cuanto a “los hostigamientos” y “persecución” que hicieron nuestros “representantes” a la dirección del trabajo?¿Los “medios de comunicación”, “periodistas” y nuestros “representantes” se quedarán a ayudar a la causa del Buen Samaritano?.

Como diría mi abuelita, aquí alguien meó fuera del tiesto.

Para seguir tirando la alfombra, Hernández señala que existe un tiempo en donde pueden corregir las fallas detectadas. En el peor de los casos, se puede apelar a la multa!.

Enlaces relacionados
Parábola de El buen samaritano
Lobby en Diario La prensa, por Homero Sepúlveda (viernes 14 de marzo)
Lobby en Diario La Prensa, por Homero Sepúlveda (domingo 15 de marzo)
Lobby en Diario La Prensa, por Homero Sepúlveda (martes 17 de marzo)
Declaración del Jefe Comunal de la Inspección del Trabajo (martes 17 de marzo)
Problema de titular en Diario La Prensa(viernes 20 de marzo)
Congregación del Buen Samaritano celebra 30 años

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