Bloggeando la vida

Perfiles twitter de Chile ¿Cuál eres tú?

Por Marcelo Aliaga. April 24, 2009. 192 views.

Leyendo Twitter and the Future of Discourse (vía Samuel Leal) y To twitter or not to twitter (vía columna de Robert W. Lucky en Spectrum de la IEEE en febrero), he afinado el ojo en el rumbo de todo esto, lo que me motiva a publicar este algo caricaturesco -mas no menos cierto- perfilamiento de [...]

Leyendo Twitter and the Future of Discourse (vía Samuel Leal) y To twitter or not to twitter (vía columna de Robert W. Lucky en Spectrum de la IEEE en febrero), he afinado el ojo en el rumbo de todo esto, lo que me motiva a publicar este algo caricaturesco -mas no menos cierto- perfilamiento de twitters chilenos. No es excluyente para otros países, pero al menos al darse una vueltecita por las redes chilenas, aplica.

Les invito a agregar los suyos.

- El comprador
Aquel twitter que a poco comprar, compulsivamente publica la adquisición. De preferencia mientras el producto/servicio es más “cool”, mayor prioridad tendrá.

- El eczperto
También síndrome de la empresa experta, usualemente asociada al manoseado web2.0. Algo así como cuando Homero Simpson vió la oportunidad “cibernética” y creó “CompuMundo Hiper Mega Red”. El experto que aun no entiende que es esto, pero cree que puede venderlo. Se le ve incluso en eventos del área.

- El repetidor
Más repetidor que FayerWayer con Gizmodo o Engadget. Publica todo link que suene cool o que reditue en unidades identidad.

- El sordo
Aquel que a pesar de ser seguido, nunca responderá lo que no le conviene. Usualmente es el perfil asociado a políticos que suelen solaparlo con analfabetismo digital.

- The american twitter
El que publica sus cambios de estado en inglés tarzanesco. Nada mejor para lograr la visión cosmopolita del asunto.

Has visto alguno más?

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Ley de Transparencia, implementación, municipios y Consejo para la Transparencia

Por Marcelo Aliaga. April 19, 2009. 340 views.

En diversos medios he visto esto: “El Consejo para la Transparencia garantiza que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información, promoviendo la cultura de la transparencia en Chile. A partir del 20 de abril podrás pedir y conocer la información pública en poder del Estado”. Por lo cercano a la ciudadanía y por [...]

En diversos medios he visto esto: “El Consejo para la Transparencia garantiza que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información, promoviendo la cultura de la transparencia en Chile. A partir del 20 de abril podrás pedir y conocer la información pública en poder del Estado”.

Por lo cercano a la ciudadanía y por el papel clave que elección tras elección tienen los municipios y alcaldes en las comunas que dirigen, seguiré centrando el post en los municipios y la ejecución de esta ley.

El sentido de la transparencia
Cada municipio tiene diversos departamentos, como gerencias, las que obviamente deben exponer la información que la ley contemple. Eso debió hacerse hace rato. Que haya tenido que crearse una Ley muestra el problema de fondo existente.

Lo que me parece extraño, es el sentido con el que algunos municipios se ha tomado el tema es el de un link propio para ello, algo aparte, algo independiente, como si la transparencia o la sección tal estuviese pura y duramente por una petición legal y no por que el espíritu o intención del municipio sea ser transparentes, algo como “la transparencia está aquí” (en particular aquí). Espero que sea por la premura con la que se espera y no puramente por un cumplimiento obligatorio de una ley…

Moya paga el almacenamiento
Un archivo PDF de 12 hojas con imágenes puede pesar 470Kb. Tres de estos pasarían 1Mb. Suponiendo que aquellos tres archivos correspondiesen a contratos, podríamos tener gran cantidad de estos. Sumemos también boletas, informes, contratos con proveedores, nóminas completas y un sinfin de información. Si la información pesa n Mb, al mes siguiente tendremos 2n ya que se debe almacenar información histórica. Al siguiente 3n, luego 4n… y así, con un crecimiento lineal que puede tender a crecer si otros documentos nuevos se agregan. Entonces la pregunta aparece: ¿quién paga?.

Entiendo el sentido y la necesidad de la perspectiva histórica de la información, no obstante, me parece interesante saber quien pagará efectivamente la implementación de la Ley de Transparencia. Todo esto, sin contar el esfuerzo agregado que los recursos del municipio deberán efectuar…

Las desatenciones
Cuando un funcionario tiene obligaciones claras, concretas y medibles, claramente la suma de una nueva tarea tendrá un coste asociado. La presión ejercida a cada una de las “gerencias” para publicar la misma información exigirá tiempo que incide en desatender sus obligaciones, salvo que se motivara -con recursos- la creación de entidades encargadas de velar por la transparencia de dichas entidades. Actualmente, quienes se encargan de visar tal información son las mismas entidades de control interno, las que al igual que las demàs, contaban con obligaciones por cumplir. Entonces ¿quién paga?¿el Consejo para la Transparencia?¿los usuarios?¿agregamos burocracia y tiempo de gestión?

Mejoras ante redundancia
La exposición de la información y documentación es necesaria. Si.
Recuerdo haber presenciado en más de una ocasión como la información entre entidades públicas redundaba. Cabe señalar que para pedir estudios a consultoras o privados, se debe licitar públicamente tales estudios, y, a pesar de poder ser necesitado por otra entidad pública, no era extraño ver como tales eran nuevamente licitados, con la consiguiente redundancia en el pedido de información y desde luego, en los costos por tal información técnica solicitada.

En portada del Sábado de El Mercurio -diario que miente- me pareció importante y destacable incluso la aparición de la palabra “web” en el headline, donde el presidente del Consejo para la Transparencia decìa que “Toda la administración pública debiera tener los datos en un mismo sitio web”. Como bajada, sigue señalando que “Consejo propone construir un portal donde estén reunidas todas las obligacines de transparencia del Estado, hoy dispersas en diferentes páginas. Me parece acertado, no obstante, me parece muy necesario teniendo en mente el mismo objetivo, la estandarización no solo en formatos -desde lo técnico- sino la estandarización en el proceso completo de cual, que y como se obtiene y entrega la información (admito que me da temor proponer algo asi luego de saber que Alejandro Ferreiro integra el Consejo para la Transparencia. También es integrado por Roberto Guerrero, Juan Pablo Olmedo y Raúl Urrutia).

Si, una ley no podrá regular todos y cada uno de los puntos que señalo, pero al menos definir las obligaciones y estimar creación de nuevas entidades encargadas de apoyar la labor de cada una de las distribuciones estatales sería ideal. Es muy simplista plantear un Consejo para la Transparencia como un obligador meramente.

Me parece necesario que los municipios y en general todas las entidades públicas actuen con transparencia. Me parece necesario que la información de TODAS las entidades públicas (poder legislativo incluído) expongan la información que con fondos públicos se realice, pero que tambièn se prevea la complejidad de la ejecución que algo así implica y la mano en el bolsillo para realizarla.

Perfiles de los integrantes del Consejo para la Transparencia

Roberto Guerrero: Tiene 41 años, es profesor de la Universidad Católica y Vice- Decano de la Facultad de Derecho de esa misma casa de estudios. Es Master en jurisprudencia comparada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York y se ha desempeñado como mediador del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de la Cámara de Comercio de Santiago y director del Programa de Magíster en Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Juan Pablo Olmedo: Tiene 40 años, es abogado y presidente de la ONG Pro Acceso que ha luchado para que exista mayor transparencia y acceso a la información pública. Es Magíster en derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra y participó en el grupo de apoyo técnico legislativo al Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Alejandro Ferreiro: Tiene 42 años, es abogado y fue Ministro de Economía durante la administración de Michelle Bachelet. También se desempeñó como Superintendente de Isapres y Superintendente de AFP. (¿Recuerdan a Ferreiro y el asunto de datos de los chilenos powered by Microsoft?¿Aparecerá mañana el “aporte” realizado por la compañía entre los documentos a exponer?)

Raúl Urrutia: Tiene 58 años, es abogado egresado de la Universidad Católica de Valparaíso, casa de estudios en la que imparte clases de Derecho Constitucional y Teoría Política. Fue diputado en representación del distrito de Viña del Mar y Concón entre 1990 y 1998.

Fuente: Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Que rica dieta del Concejo

Artìculo 39: los consejeros, a excepción de aquel que desempeñe el cargo de Presidente del Concejo, percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento por mes calendario.

Ley 20.285.

Al día de hoy, 15 UF son $314.449 y 100 UF son $2.096.327 ¿Qué tal?. Me gustaban los tiempos donde el honor de ser reconocido como ente transparente por sus iguales era suficiente.

Al momento de la publicación de este post, Domingo 19 de Abril, el sitio web ConsejoTransparencia.cl se encuentra en construcción. Veremos como se da el ejemplo desde el 20 de Abril.

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De transparencia, legisladores y municipios

Por Marcelo Aliaga. April 13, 2009. 227 views.

La Ley 20.285 o la “ley de acceso a la información pública” tiene una dualidad que me parece interesante de analizar, ya que por lo positivo, obliga a ser riguroso en la publicación de todo lo publicable siempre que no afecte los típicos asuntos de “seguridad nacional” -como diria Jack Bauer- y afines, poniendo sanciones [...]

La Ley 20.285 o la “ley de acceso a la información pública” tiene una dualidad que me parece interesante de analizar, ya que por lo positivo, obliga a ser riguroso en la publicación de todo lo publicable siempre que no afecte los típicos asuntos de “seguridad nacional” -como diria Jack Bauer- y afines, poniendo sanciones que de aplicarse podrían significar hasta la mitad menos del sueldo de la cabeza del servicio respectivo. Esto a mi parecer, luego del relajo ético al que asistimos, es necesario aunque probablemente insuficiente, como todas las medidas pro transparencia que puedan existir. Eso por un lado de la dualidad, por el lado positivo. Por el contrario, ver una ley de este estilo que entrará efectivamente al mundo real este 20 de abril, solo nos demuestra cuan pencas hemos sido como sociedad fiscalizando a quienes mueven miles de millones en recursos públicos y a su vez, cuan pencas han sido aquellos a quienes les pagamos miles de millones de pesos por hacer “profesionalmente” esa labor fiscalizadora: los diputados. El sistema no funciona.

Partimos mal desde el nombre: gol de media cancha
Puede ser un problema de mera forma, de esos que se piensa que no importan al cumplir un requerimiento funcional de legalidad, no obstante, creo que el espíritu de las leyes exige ser precisos en este punto. ¿Qué es la “información pública”? ¿Regula efectiva y transparentemente el acceso a la información pública?

Según la ley, la Información Pública tiene relación con: “ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, fuerzas armadas, de orden y seguridad publica y los organos y servicios publicos creados para el cumplimiento de la labor administrativa”. Impecable, si no tenemos en cuenta que nuevamente tenemos un gol de media cancha, digno de Zoom Deportivo, de nuestros sabios, honestos, probos, esforzados y honorables legisladores. Muy fino, muy fino. Los cortesanos de la Corte Suprema tampoco están dentro de la categoría…

Por que, como sabrán, gran parte de los recursos que obtienen provienen efectivamente de fondos públicos. Supongo que estamos todos de acuerdo en ese punto ¿o no es así? Entonces, ¿qué se esconde? ¿que es lo que no podemos ver?

La indolencia hecha transparente
Pero hay algo que me inquieta. Claramente quienes diseñaron el transantiago no viajaban en locomoción pública. Quienes piensan nuestras políticas de salud tienen Isapre y quienes velan por el bienestar y calidad de la educación pública fueron educados en colegios privados al igual que sus hijos. La indolencia se vuelve transparente y lo peor de todo, el desconocimiento de los propios parlamentarios y comisiones de transparencia, acerca de la realidad de instituciones, en particular, de los municipios.

La municipalidad equilibrista
Salvo contadas excepciones, los municipios no son maquinarias generadoras de dinero como aquél árbol en el que todos hemos soñado alguna vez. Si el dinero fuese el problema, quizá hasta sería simple de resolver.

Nuestros sabios legisladores no entienden que hay municipios que inclusive tienen restricciones de uso de electricidad en sus instalaciones. No conocen de la intermitencia de la red eléctrica en sectores apartados ni menos del aislamiento al que por su propia negligencia mezclada con la mano invisible tienen en lo relativo a internet, pilar en el que se basa gran parte de la ley como via de exposición de información (transparencia activa) y petición de la misma por parte de la ciudadanía (transparencia pasiva).

Para vuestro conocimiento señores honorables diputados y senadores que aprueban leyes que solo dejan en evidencia que su trabajo en terreno no es tal, en el último informe de Estrategia Digital, se muestra que el 79% de los municipios tienen sitio web, por lo que ya entenderemos que aquel 20% restante tendrá que comenzar a destinar fondos de cuentas sociales, educación o quizá de la propia salud pública para cumplir la normativa. No faltará el alcalde que en pos de no ver reducido su sueldo a la mitad, quizá echará mano a alguna triangulación trucha. ¿que les parece? Touché nuevamente queridos parlamentarios. Es el mejor argumento para aparecer en temporada de elecciones en pantalla mostrando su “profunda preocupación” por el uso de los mismos recursos.

Para quien lee este post, probablemente si no es diputado o senador -como Adolfo Zaldívar- tendrá algun grado de alfabetización digital a cuestas y verá que el problema es solucionable por muy artesanal que la solución sea. Aquí es donde aparece a su vez la ironía del destino en carne y hueso: el solucionador. Probablemente si usted visita alguna organización -y sobre todo las públicas- podrá ver el “amor” que le tienen al personal de informática, al menos cuando aquel personal existe. Aquel “amor” es proporcional a la cantidad de filtros de la red.

El encargado de computación
Existen municipios que no tienen departamento de informática. Puede que no sorprenda, pero inclusive existen municipios en los que ni siquiera existe UN encargado de informática. Pero supongamos que existe. La labor básica asignada a los “encargados de computación” de los municipios es de soporte, el solucionador de problemas, el que le hace la vida color de rosa a la señora que no puso atención al curso de alfabetización digital por estar conversando de la noticia que vio en lun con su socia del lado. Aquel “encargado de computación” en un grado de evolución mayor, tuvo que hacerse cargo de lo telemático del municipio, servidores y redes se agregaron a su labor de solucionador de problemas express. Con un poco más de evolución, quizá llegó inclusive a encargarse del sitio web del municipio -pasando a ser departamento de marketing, turismo y cultura y relaciones públicas de una vez- y, desde luego, teniendo como trabajo hacerle las diapos al alcalde, que no entiende que alfabetización digital es más que saber enviar correos electrónicos. Ese ya reventado funcionario ahora tendrá que hacerse cargo de la incompetencia de quienes aun no entienden la magnitud de la avalancha que tienen frente a sus narices. Presiento que algo sucederá pronto.

Es lamentable ver como tras la barrera de humo de derechas, izquierdas, arribas y abajos, algunos optaron por hacer de todo esto un gran espacio para obtener beneficios personales. Cosanguineidad mezclada con ansias de poder, trenzadas con ambición sin límite y descaro afín. Más lamentable ver que esto mismo queda en evidencia en una propia ley de transparencia. Ni tanta frambuesa, ni tanto crack.

¡Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor!…
¡Ignorante, sabio o chorro,
generoso o estafador!
¡Todo es igual!
¡Nada es mejor!
¡Lo mismo un burro
que un gran profesor!
No hay aplazaos
ni escalafón,
los inmorales
nos han igualao.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
¡da lo mismo que sea cura,
colchonero, rey de bastos,
caradura o polizón!…

¡Qué falta de respeto, qué atropello
a la razón!
¡Cualquiera es un señor!
¡Cualquiera es un ladrón!

Cambalache, Enrique Santos Discépolo

¿Seamos transparentes realmente? ¿Veamos las bitácoras de automóviles de diputados, senadores y ministros de la corte? ¿Mostremos sin verguenza cual es nuestro capital accionario y dónde está puesto hasta el centavo? ¿Expongamos a la opinión pública cuales aportes se recibieron y a que fueron destinados en las campañas durante temporada de elecciones?

¿Nos hacemos cargo, finalmente, de quienes somos y de lo que hemos hecho? Ese, es el tema de fondo.

Políticas de transparencia no es lo mismo que política transparente.

CC:
Sergio Correa de la Cerda
Roberto León Ramírez
Juan Antonio Coloma
Jaime Gazmuri Mujica

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