Monitoreo, lista negra 2.0 en marcha

“En Chile hay problemas más importantes que…” es la frase basura-bajo-la-alfombra más simplista para mantener temas a bajo perfil.

Los datos, su uso e implicancias para la ciudadanía es uno de esos temas “no importantes” o que algunos preferirían que se mantuviera en el conjunto de lo “no importante”. Por cierto, también se intenta bajar el tema caricaturizándolo como paranoia pura o simple teoría conspirativa. Ya en el post pasado hablaba acerca de las listas negras 2.0 Hoy, ya hecho público el monitoreo me aparecen unos puntos que quiero compartir para que les den una vuelta.

El problema matemático: esto no es una encuesta
Generar una frecuencia, vale decir, poder definir una tendencia de algo, requiere necesariamente de llegar al dato raíz. Cuando vemos las estadísticas mensuales de Adimark por ejemplo, sabemos que necesariamente debiese existir registro -el papelito- de las encuestas realizadas persona a persona en las distintas vías posibles (presencial, telefónica, etc.). De la consulta a cada persona -sin nombre, rut- se procesan los datos que van dando nuevos datos e información al fin del proceso. Pero ojo, para poder hacerlo se debe necesariamente llegar al nivel de individuo. Esto no tiene nada de mal cuando es generado por una consultora con dinero privado y que además no pregunta datos personales para generar la investigación.

No se puede lograr una frecuencia confiable sin tomar el datos desagregado, es decir, a nivel de usuario. Esto NO ES una encuesta, hay asociación directa en donde es posible distinguir género, religión, salud, ubicación, etc. Me parece sorprendente que incluso sociólogos desconozcan este hecho.

Distinto es cuando esto es resorte estatal/gubernamental. Medir es distinto que controlar.

Regalando datos en casa o haciéndole la cama al INE
Cada CENSO llega a la casa. Como el CENSO tiene detrás a el INE, tiene una legislación que avala el tratamiento de datos, llegando a consolidar lo que se le llama el “secreto estadístico”. Pero el INE no es el único que maneja datos personales. Otras entidades gubernamentales también lo hacen y como ya lo decía antes, es necesario para poder definir políticas públicas. Por lo mismo y teniendo en cuenta lo importante que son los datos para generación de políticas públicas, me parece absurdo accionar de modo cortoplacista menoscabando la confianza ganada durante años. En vista de la necesidad y ansias por datos que se aprecia, ¿será que deberemos cerrar la puerta al encuestador?.

Consultora privada guardando datos personales a cuenta pública
Aquí hay datos personales en juego. Por más que no se tenga acceso a nivel de rut, esto abre el flanco a qué postura tiene el estado frente al uso de información personal. Una empresa que quiera hacer bullying a un cliente en base a sus opiniones o reclamos en contra de su marca, puede tener su reprimenda desde lo legal o por último desde SERNAC que intentará equilibrar esta lucha de David contra Goliat. Muy distinto es cuando el dato está en el gobierno (ojo, no hablo del Estado) y un ciudadano de a pié quiera intentar contrapesar de algún modo.

Escucha activa versus bases de datos, cruces y represalias
Que el gobierno de turno encargue encuestas me parece absolutamente razonable. Oir proactivamente también me parece razonable. Ver, oir está muy bien. Guardar en bases de datos y ponderar usuarios ya es distinto. Distinto es abrir el espacio para generar listas y utilizarlas en el futuro. ¿Qué tal si un postulante a subsidio habitacional se queja por la burocracia?, ¿bajará sus posibilidades?, ¿se utilizarán ponderadores?. Si, esa es la discusión de fondo: qué se hace con los datos que se obtienen y como afectará a la ciudadanía en este aberrante desequilibrio de información en que nos encontramos.

Mientras no exista un proyecto de ley con suma urgencia para lograr una iniciativa popular de ley todos los intentos de “escucha activa” no serán más que un intento de remedo de una participación real.

Ciudadanos, culpables de su ignorancia
El argumento de que “la gente pone los datos y acepta que sean públicos” o “twitter es como una plaza pública” es totalmente aceptable para empresas que trafican información teniendo como fuente inclusive a entidades como Servel que ya es La Polar. Distinto es cuando con financiación pública se abre la cancha al análisis individualizado para generar tendencias. Acepto el absurdo de que la consultora en cuestión únicamente entregue un documento de 3 hojas con barritas agregadas y términos más usados -caricaturización, obviamente- pero no vengan a engrupirnos con que no se llega a nivel de usuario para generar las barritas. No vengan a decir que la consultora eliminará toda esa información personal (usuario, nombre, localización, etc.) y no la mantendrá en bases de datos con llave. Desde luego asumir que si serán almacenadas imagino que será parte de lo que el gerente ha llamado  “paranoia colectiva”.

Desde luego Voltaire retrucaría con que es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. Y en Chile y América Latina tenemos experiencia en esa área.

Imaginen si eso lo sazonamos con georreferenciación…

Legislando y contrapesando
Hay un vacío. Me parece que tener legisladores incompetentes y desactualizados no debiese dar pié a aprovechar el vacío que se intenta utilizar. Si bien estamos claros que esto se viene realizando hace rato por empresas privadas, no intentemos medir con la misma vara a una entidad privada -la empresa- que a una que funciona con recursos públicos y para lo público.

Este tema no quedará aquí. La discusión acerca de los datos viene siendo submarineada hace rato con el argumento de que “hay temas más importantes” sin tener en cuenta lo relevante de la identidad, los datos, su “costo”, utilización pública y privada, etc.

Por último, siguiendo el razonamiento falaz de que “hay temas más importantes”, ¿por qué gastar dinero público en esto?.

Mi ponderador de lista imagino que va en -2.

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