Ley de Transparencia, implementación, municipios y Consejo para la Transparencia

En diversos medios he visto esto: “El Consejo para la Transparencia garantiza que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información, promoviendo la cultura de la transparencia en Chile. A partir del 20 de abril podrás pedir y conocer la información pública en poder del Estado”.

Por lo cercano a la ciudadanía y por el papel clave que elección tras elección tienen los municipios y alcaldes en las comunas que dirigen, seguiré centrando el post en los municipios y la ejecución de esta ley.

El sentido de la transparencia
Cada municipio tiene diversos departamentos, como gerencias, las que obviamente deben exponer la información que la ley contemple. Eso debió hacerse hace rato. Que haya tenido que crearse una Ley muestra el problema de fondo existente.

Lo que me parece extraño, es el sentido con el que algunos municipios se ha tomado el tema es el de un link propio para ello, algo aparte, algo independiente, como si la transparencia o la sección tal estuviese pura y duramente por una petición legal y no por que el espíritu o intención del municipio sea ser transparentes, algo como “la transparencia está aquí” (en particular aquí). Espero que sea por la premura con la que se espera y no puramente por un cumplimiento obligatorio de una ley…

Moya paga el almacenamiento
Un archivo PDF de 12 hojas con imágenes puede pesar 470Kb. Tres de estos pasarían 1Mb. Suponiendo que aquellos tres archivos correspondiesen a contratos, podríamos tener gran cantidad de estos. Sumemos también boletas, informes, contratos con proveedores, nóminas completas y un sinfin de información. Si la información pesa n Mb, al mes siguiente tendremos 2n ya que se debe almacenar información histórica. Al siguiente 3n, luego 4n… y así, con un crecimiento lineal que puede tender a crecer si otros documentos nuevos se agregan. Entonces la pregunta aparece: ¿quién paga?.

Entiendo el sentido y la necesidad de la perspectiva histórica de la información, no obstante, me parece interesante saber quien pagará efectivamente la implementación de la Ley de Transparencia. Todo esto, sin contar el esfuerzo agregado que los recursos del municipio deberán efectuar…

Las desatenciones
Cuando un funcionario tiene obligaciones claras, concretas y medibles, claramente la suma de una nueva tarea tendrá un coste asociado. La presión ejercida a cada una de las “gerencias” para publicar la misma información exigirá tiempo que incide en desatender sus obligaciones, salvo que se motivara -con recursos- la creación de entidades encargadas de velar por la transparencia de dichas entidades. Actualmente, quienes se encargan de visar tal información son las mismas entidades de control interno, las que al igual que las demàs, contaban con obligaciones por cumplir. Entonces ¿quién paga?¿el Consejo para la Transparencia?¿los usuarios?¿agregamos burocracia y tiempo de gestión?

Mejoras ante redundancia
La exposición de la información y documentación es necesaria. Si.
Recuerdo haber presenciado en más de una ocasión como la información entre entidades públicas redundaba. Cabe señalar que para pedir estudios a consultoras o privados, se debe licitar públicamente tales estudios, y, a pesar de poder ser necesitado por otra entidad pública, no era extraño ver como tales eran nuevamente licitados, con la consiguiente redundancia en el pedido de información y desde luego, en los costos por tal información técnica solicitada.

En portada del Sábado de El Mercurio –diario que miente– me pareció importante y destacable incluso la aparición de la palabra “web” en el headline, donde el presidente del Consejo para la Transparencia decìa que “Toda la administración pública debiera tener los datos en un mismo sitio web”. Como bajada, sigue señalando que “Consejo propone construir un portal donde estén reunidas todas las obligacines de transparencia del Estado, hoy dispersas en diferentes páginas. Me parece acertado, no obstante, me parece muy necesario teniendo en mente el mismo objetivo, la estandarización no solo en formatos -desde lo técnico- sino la estandarización en el proceso completo de cual, que y como se obtiene y entrega la información (admito que me da temor proponer algo asi luego de saber que Alejandro Ferreiro integra el Consejo para la Transparencia. También es integrado por Roberto Guerrero, Juan Pablo Olmedo y Raúl Urrutia).

Si, una ley no podrá regular todos y cada uno de los puntos que señalo, pero al menos definir las obligaciones y estimar creación de nuevas entidades encargadas de apoyar la labor de cada una de las distribuciones estatales sería ideal. Es muy simplista plantear un Consejo para la Transparencia como un obligador meramente.

Me parece necesario que los municipios y en general todas las entidades públicas actuen con transparencia. Me parece necesario que la información de TODAS las entidades públicas (poder legislativo incluído) expongan la información que con fondos públicos se realice, pero que tambièn se prevea la complejidad de la ejecución que algo así implica y la mano en el bolsillo para realizarla.

Perfiles de los integrantes del Consejo para la Transparencia

Roberto Guerrero: Tiene 41 años, es profesor de la Universidad Católica y Vice- Decano de la Facultad de Derecho de esa misma casa de estudios. Es Master en jurisprudencia comparada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York y se ha desempeñado como mediador del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de la Cámara de Comercio de Santiago y director del Programa de Magíster en Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Juan Pablo Olmedo: Tiene 40 años, es abogado y presidente de la ONG Pro Acceso que ha luchado para que exista mayor transparencia y acceso a la información pública. Es Magíster en derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra y participó en el grupo de apoyo técnico legislativo al Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Alejandro Ferreiro: Tiene 42 años, es abogado y fue Ministro de Economía durante la administración de Michelle Bachelet. También se desempeñó como Superintendente de Isapres y Superintendente de AFP. (¿Recuerdan a Ferreiro y el asunto de datos de los chilenos powered by Microsoft?¿Aparecerá mañana el “aporte” realizado por la compañía entre los documentos a exponer?)

Raúl Urrutia: Tiene 58 años, es abogado egresado de la Universidad Católica de Valparaíso, casa de estudios en la que imparte clases de Derecho Constitucional y Teoría Política. Fue diputado en representación del distrito de Viña del Mar y Concón entre 1990 y 1998.

Fuente: Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Que rica dieta del Concejo

Artìculo 39: los consejeros, a excepción de aquel que desempeñe el cargo de Presidente del Concejo, percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento por mes calendario.

Ley 20.285.

Al día de hoy, 15 UF son $314.449 y 100 UF son $2.096.327 ¿Qué tal?. Me gustaban los tiempos donde el honor de ser reconocido como ente transparente por sus iguales era suficiente.

Al momento de la publicación de este post, Domingo 19 de Abril, el sitio web ConsejoTransparencia.cl se encuentra en construcción. Veremos como se da el ejemplo desde el 20 de Abril.

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