Hoy han despedido a un funcionario que veía y editaba material porno en su trabajo en la Secretaría General de Gobierno. Me parece absolutamente acertada la medida, toda vez que se usan recursos fiscales –dinero de todos- para fines particulares, en este caso, revisión y edición de porno. Si, pero.
La interpretación moral de “la cochiná”
Al momento de aparecer la noticia y en varios medios, he visto que se ha intentado ahondar en el sentido de “la cochiná”, en el ver porno o editarlo, lo que se aleja del punto central que es el (mal) uso de recursos públicos y su identificación por parte de la Contraloría General de la República, algo que según los medios habría sido tomado por la entidad contralora como “infracciones que están revestidas de particular extrema gravedad, atendido el contenido de las páginas visitadas”. Me parece que aquí es donde la moralidad embarga el sentir de una contraloría desviándola del foco: ¿es igual de culposo ver un sitio de gatitos que el ver porno en la administración pública? ¿es igual de culposo ver un sitio de crochet que uno de porno?, ¿es igual de culposo ver la hora de LUN que ver porno?. Me parece que para el fin último del Estado y uso de recursos públicos debiesen de ser exactamente igual de graves.
No es el primer caso de porno que hemos visto. Tampoco será el primero en donde se saca la vuelta a vista y paciencia de toda la ciudadanía, por ejemplo, en cada transmisión de los canales de TV del congreso.
La impudicia más allá del porno
El porno no debiese ser el punto de fondo. Esto es similar a la utilización de vehículos fiscales para ir a repartir frambuesas de la empresa familiar. Esto es similar a usar la camioneta de la muni para hacer una campaña a alcalde o concejal. Esto es similar a contratar periodistas para comunicaciones de un alcalde con vista a una reelección y a costas del municipio o comprar iPads e impresoras para sus campañas. Me parece que los ejemplos anteriores son bastante más impúdicos que el porno, sumándose a la impudicia, por ejemplo, las cifras millonarias usadas por en viajes de concejales que tendrán retorno nulo al regreso de las vacaciones pagadas, o bien que los propios funcionarios promuevan en horario de trabajo ciertas campañas.
El modus operandi del área de informática
Por cierto, algo que queda dando vueltas es el modus operandi de la unidad de informática. A través de acceso remoto tuvieron acceso al equipo del acusado, logrando incluso rescatar archivos que el acusado había borrado. Teniendo esto en mente, podremos extrapolar al acceso que puede tener esta área a la información no sólo del acusado, sino de toda la organización, pudiendo ver no sólo lo que el usuario ha navegado, sino incluso leer su correspondencia (sacrosanto según hemos visto). Un paso más allá, podría ser escribir correos en nombre del usuario… Me parece que la Contraloría Moral debió tomar este punto, tan cuestionable que el hecho de leer porno y que de paso enfrenta a quien controla al que controla.
¿El Contralor lee LUN?, ¿Las áreas de tecnología leen LUN?, ¿Existen logs de ingresos a cuentas de funcionarios por parte de los equipos de tecnología?
Por cierto, usando tiempo público en espacio público, pagado con dinero público e infraestructura digital pública, debiese ser pública la información de cada funcionario y equipo y cada funcionario debiese tenerlo claro pero siendo explícitos en que eso sucede, sin esconder que el equipo será visto por usuarios distintos al asignado. El equipo es público, no debiese extrañar, pero hacerlo explícito también aportaría a la claridad.
… correos electrónicos incluidos.
Ojalá que para el futuro, no fuese tema si es porno, gatitos, crochet o LUN, sino que el foco esté en la función incumplida o el uso para fines personales de recursos públicos.
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