Control ciudadano y transparencia

Columna publicada en Maulee

Hace días que circula en web el caso de dos trabajadores de medios de comunicación curicanos –una radio y un diario– que pasan a cobrar mes a mes honorarios bajo las cuentas de salud y educación(*) en el municipio local. Debo admitir que desde antes de que apareciese en la web, tenía conocimiento por medio de rumores que existían personas con las mismas prácticas. Y no solo en el municipio de Curicó. La diferencia es lo que hoy podemos llegar a hacer luego de tal rumor.

Desconozco si efectivamente realizan los trabajos por los cuales reciben tales salarios, pero me preocupa. No solo por los recursos que mes a mes aparecen en las cuentas municipales (desde hace años al parecer), ni por los conflictos de interés al trabajar en medios y municipio a la vez, sino por la actitud que el jefe comunal -y responsable final de la gestión inclusive- expresa al manifestar que, de no haber petición por parte de Contraloría, el tema pasará a mejor vida. Nuevamente nos enfrentamos al conflicto acostumbrado, de que lo legal prime por sobre lo ético.

Este tema ha aparecido en twitter y en algunos ha causado inquietud. Se ha señalado que los medios de prensa curicanos son de la misma tendencia del edil y que, por lo mismo, el tema será finalmente bajado. Como muchos. Peor aun, cuando hay amenazas de por medio.

Lejos de pensar en que los medios -“4to poder”- o los fiscalizadores por opción y validación comunitaria -diputados, concejales, etc.- deben tener toda la responsabilidad y asumirla, pienso que somos los propios ciudadanos quienes debemos expresar nuestro interés, responsabilidad y derecho ante la sospecha o interés cualquiera, por conocer más acerca de nuestras entidades de representación y controlar las manos en las cuales hemos depositado nuestra confianza. Control ciudadano, no cada cuatro años, sino de forma permanente.

Debo reconocer un logro de nuestros dos veteranos representantes senatoriales a los que en algún momento he reprochado su pasividad. Larraín y Gazmuri puede que en 20 años no hayan hecho nada, pero en gran medida, su aporte de la Ley de acceso a la información pública ha sido un instrumento que ha abierto posibilidades que aún son insospechadas en su alcance. Ciper y El Mostrador han dado cuenta de ello.

Por la naturaleza de mi trabajo, he debido relacionarme con la “Ley de Transparencia”, apoyando a algunas instituciones públicas a lograr plataformas que les permitan cumplir con las exigencias impuestas desde mediados del 2008.

En algunos casos me ha asombrado el interés por parte de quienes las encabezan por cumplir fielmente las exigencias y respetar los plazos, mal que mal, ser sancionado puede afectar directamente el bolsillo de quien no cumple la Ley. A pesar de esto, me ha sorprendido no poder tener acceso, por ejemplo, a las Actas del Concejo Municipal de Curicó, bajo el concepto de Transparencia Activa. He podido tener acceso a ellas por medio de Transparencia Pasiva, esto es, teniendo que solicitar vía correo electrónico tal documentación, que dicho sea de paso, no debiese revestir ningún “riesgo” para el municipio en vista de expresar simplemente lo que sucede en un acto intrinsecamente público, como lo es el Concejo Municipal. Cero intención de transmitirlo online tampoco. No todos cabemos en la sala. No todos podemos verlo a la hora en la que se realiza. No interesa lograr la transmisión al parecer.

¿Más diputados?,¿Más concejales?, creo que no es la opción. Ciudadanos responsables y comprometidos con fiscalizar usando las alternativas legales puede aportar más a mejorar las instituciones representativas. Esto por el lado de los ciudadanos. Por el lado del Estado o instituciones públicas, la “voluntad” y “disposición” no solo de cumplir la ley, sino de servir de mejor modo a la ciudadanía es fundamental.

Sin el interés sincero de dar un mejor servicio, con probidad y transparencia en lo que se muestra y lo que no se muestra, simplemente, seguiremos teniendo la sospecha eterna de como se hacen las cosas y eso, no claramente no es positivo para Chile.

(*) Este link anteriormente mostraba el listado que fue retirado por el Municipio de Curicó.

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De transparencia, legisladores y municipios

La Ley 20.285 o la “ley de acceso a la información pública” tiene una dualidad que me parece interesante de analizar, ya que por lo positivo, obliga a ser riguroso en la publicación de todo lo publicable siempre que no afecte los típicos asuntos de “seguridad nacional” -como diria Jack Bauer- y afines, poniendo sanciones que de aplicarse podrían significar hasta la mitad menos del sueldo de la cabeza del servicio respectivo. Esto a mi parecer, luego del relajo ético al que asistimos, es necesario aunque probablemente insuficiente, como todas las medidas pro transparencia que puedan existir. Eso por un lado de la dualidad, por el lado positivo. Por el contrario, ver una ley de este estilo que entrará efectivamente al mundo real este 20 de abril, solo nos demuestra cuan pencas hemos sido como sociedad fiscalizando a quienes mueven miles de millones en recursos públicos y a su vez, cuan pencas han sido aquellos a quienes les pagamos miles de millones de pesos por hacer “profesionalmente” esa labor fiscalizadora: los diputados. El sistema no funciona.

Partimos mal desde el nombre: gol de media cancha
Puede ser un problema de mera forma, de esos que se piensa que no importan al cumplir un requerimiento funcional de legalidad, no obstante, creo que el espíritu de las leyes exige ser precisos en este punto. ¿Qué es la “información pública”? ¿Regula efectiva y transparentemente el acceso a la información pública?

Según la ley, la Información Pública tiene relación con: “ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, fuerzas armadas, de orden y seguridad publica y los organos y servicios publicos creados para el cumplimiento de la labor administrativa”. Impecable, si no tenemos en cuenta que nuevamente tenemos un gol de media cancha, digno de Zoom Deportivo, de nuestros sabios, honestos, probos, esforzados y honorables legisladores. Muy fino, muy fino. Los cortesanos de la Corte Suprema tampoco están dentro de la categoría…

Por que, como sabrán, gran parte de los recursos que obtienen provienen efectivamente de fondos públicos. Supongo que estamos todos de acuerdo en ese punto ¿o no es así? Entonces, ¿qué se esconde? ¿que es lo que no podemos ver?

La indolencia hecha transparente
Pero hay algo que me inquieta. Claramente quienes diseñaron el transantiago no viajaban en locomoción pública. Quienes piensan nuestras políticas de salud tienen Isapre y quienes velan por el bienestar y calidad de la educación pública fueron educados en colegios privados al igual que sus hijos. La indolencia se vuelve transparente y lo peor de todo, el desconocimiento de los propios parlamentarios y comisiones de transparencia, acerca de la realidad de instituciones, en particular, de los municipios.

La municipalidad equilibrista
Salvo contadas excepciones, los municipios no son maquinarias generadoras de dinero como aquél árbol en el que todos hemos soñado alguna vez. Si el dinero fuese el problema, quizá hasta sería simple de resolver.

Nuestros sabios legisladores no entienden que hay municipios que inclusive tienen restricciones de uso de electricidad en sus instalaciones. No conocen de la intermitencia de la red eléctrica en sectores apartados ni menos del aislamiento al que por su propia negligencia mezclada con la mano invisible tienen en lo relativo a internet, pilar en el que se basa gran parte de la ley como via de exposición de información (transparencia activa) y petición de la misma por parte de la ciudadanía (transparencia pasiva).

Para vuestro conocimiento señores honorables diputados y senadores que aprueban leyes que solo dejan en evidencia que su trabajo en terreno no es tal, en el último informe de Estrategia Digital, se muestra que el 79% de los municipios tienen sitio web, por lo que ya entenderemos que aquel 20% restante tendrá que comenzar a destinar fondos de cuentas sociales, educación o quizá de la propia salud pública para cumplir la normativa. No faltará el alcalde que en pos de no ver reducido su sueldo a la mitad, quizá echará mano a alguna triangulación trucha. ¿que les parece? Touché nuevamente queridos parlamentarios. Es el mejor argumento para aparecer en temporada de elecciones en pantalla mostrando su “profunda preocupación” por el uso de los mismos recursos.

Para quien lee este post, probablemente si no es diputado o senador -como Adolfo Zaldívar– tendrá algun grado de alfabetización digital a cuestas y verá que el problema es solucionable por muy artesanal que la solución sea. Aquí es donde aparece a su vez la ironía del destino en carne y hueso: el solucionador. Probablemente si usted visita alguna organización -y sobre todo las públicas- podrá ver el “amor” que le tienen al personal de informática, al menos cuando aquel personal existe. Aquel “amor” es proporcional a la cantidad de filtros de la red.

El encargado de computación
Existen municipios que no tienen departamento de informática. Puede que no sorprenda, pero inclusive existen municipios en los que ni siquiera existe UN encargado de informática. Pero supongamos que existe. La labor básica asignada a los “encargados de computación” de los municipios es de soporte, el solucionador de problemas, el que le hace la vida color de rosa a la señora que no puso atención al curso de alfabetización digital por estar conversando de la noticia que vio en lun con su socia del lado. Aquel “encargado de computación” en un grado de evolución mayor, tuvo que hacerse cargo de lo telemático del municipio, servidores y redes se agregaron a su labor de solucionador de problemas express. Con un poco más de evolución, quizá llegó inclusive a encargarse del sitio web del municipio -pasando a ser departamento de marketing, turismo y cultura y relaciones públicas de una vez- y, desde luego, teniendo como trabajo hacerle las diapos al alcalde, que no entiende que alfabetización digital es más que saber enviar correos electrónicos. Ese ya reventado funcionario ahora tendrá que hacerse cargo de la incompetencia de quienes aun no entienden la magnitud de la avalancha que tienen frente a sus narices. Presiento que algo sucederá pronto.

Es lamentable ver como tras la barrera de humo de derechas, izquierdas, arribas y abajos, algunos optaron por hacer de todo esto un gran espacio para obtener beneficios personales. Cosanguineidad mezclada con ansias de poder, trenzadas con ambición sin límite y descaro afín. Más lamentable ver que esto mismo queda en evidencia en una propia ley de transparencia. Ni tanta frambuesa, ni tanto crack.

¡Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor!…
¡Ignorante, sabio o chorro,
generoso o estafador!
¡Todo es igual!
¡Nada es mejor!
¡Lo mismo un burro
que un gran profesor!
No hay aplazaos
ni escalafón,
los inmorales
nos han igualao.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
¡da lo mismo que sea cura,
colchonero, rey de bastos,
caradura o polizón!…

¡Qué falta de respeto, qué atropello
a la razón!
¡Cualquiera es un señor!
¡Cualquiera es un ladrón!

Cambalache, Enrique Santos Discépolo

¿Seamos transparentes realmente? ¿Veamos las bitácoras de automóviles de diputados, senadores y ministros de la corte? ¿Mostremos sin verguenza cual es nuestro capital accionario y dónde está puesto hasta el centavo? ¿Expongamos a la opinión pública cuales aportes se recibieron y a que fueron destinados en las campañas durante temporada de elecciones?

¿Nos hacemos cargo, finalmente, de quienes somos y de lo que hemos hecho? Ese, es el tema de fondo.

Políticas de transparencia no es lo mismo que política transparente.

CC:
Sergio Correa de la Cerda
Roberto León Ramírez
Juan Antonio Coloma
Jaime Gazmuri Mujica

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La ley de transparencia

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