Bloggeando la vida

Columna publicada en Maulee

Hace días que circula en web el caso de dos trabajadores de medios de comunicación curicanos -una radio y un diario- que pasan a cobrar mes a mes honorarios bajo las cuentas de salud y educación(*) en el municipio local. Debo admitir que desde antes de que apareciese en la web, tenía conocimiento por medio de rumores que existían personas con las mismas prácticas. Y no solo en el municipio de Curicó. La diferencia es lo que hoy podemos llegar a hacer luego de tal rumor.

Desconozco si efectivamente realizan los trabajos por los cuales reciben tales salarios, pero me preocupa. No solo por los recursos que mes a mes aparecen en las cuentas municipales (desde hace años al parecer), ni por los conflictos de interés al trabajar en medios y municipio a la vez, sino por la actitud que el jefe comunal -y responsable final de la gestión inclusive- expresa al manifestar que, de no haber petición por parte de Contraloría, el tema pasará a mejor vida. Nuevamente nos enfrentamos al conflicto acostumbrado, de que lo legal prime por sobre lo ético.

Este tema ha aparecido en twitter y en algunos ha causado inquietud. Se ha señalado que los medios de prensa curicanos son de la misma tendencia del edil y que, por lo mismo, el tema será finalmente bajado. Como muchos. Peor aun, cuando hay amenazas de por medio.

Lejos de pensar en que los medios -”4to poder”- o los fiscalizadores por opción y validación comunitaria -diputados, concejales, etc.- deben tener toda la responsabilidad y asumirla, pienso que somos los propios ciudadanos quienes debemos expresar nuestro interés, responsabilidad y derecho ante la sospecha o interés cualquiera, por conocer más acerca de nuestras entidades de representación y controlar las manos en las cuales hemos depositado nuestra confianza. Control ciudadano, no cada cuatro años, sino de forma permanente.

Debo reconocer un logro de nuestros dos veteranos representantes senatoriales a los que en algún momento he reprochado su pasividad. Larraín y Gazmuri puede que en 20 años no hayan hecho nada, pero en gran medida, su aporte de la Ley de acceso a la información pública ha sido un instrumento que ha abierto posibilidades que aún son insospechadas en su alcance. Ciper y El Mostrador han dado cuenta de ello.

Por la naturaleza de mi trabajo, he debido relacionarme con la “Ley de Transparencia”, apoyando a algunas instituciones públicas a lograr plataformas que les permitan cumplir con las exigencias impuestas desde mediados del 2008.

En algunos casos me ha asombrado el interés por parte de quienes las encabezan por cumplir fielmente las exigencias y respetar los plazos, mal que mal, ser sancionado puede afectar directamente el bolsillo de quien no cumple la Ley. A pesar de esto, me ha sorprendido no poder tener acceso, por ejemplo, a las Actas del Concejo Municipal de Curicó, bajo el concepto de Transparencia Activa. He podido tener acceso a ellas por medio de Transparencia Pasiva, esto es, teniendo que solicitar vía correo electrónico tal documentación, que dicho sea de paso, no debiese revestir ningún “riesgo” para el municipio en vista de expresar simplemente lo que sucede en un acto intrinsecamente público, como lo es el Concejo Municipal. Cero intención de transmitirlo online tampoco. No todos cabemos en la sala. No todos podemos verlo a la hora en la que se realiza. No interesa lograr la transmisión al parecer.

¿Más diputados?,¿Más concejales?, creo que no es la opción. Ciudadanos responsables y comprometidos con fiscalizar usando las alternativas legales puede aportar más a mejorar las instituciones representativas. Esto por el lado de los ciudadanos. Por el lado del Estado o instituciones públicas, la “voluntad” y “disposición” no solo de cumplir la ley, sino de servir de mejor modo a la ciudadanía es fundamental.

Sin el interés sincero de dar un mejor servicio, con probidad y transparencia en lo que se muestra y lo que no se muestra, simplemente, seguiremos teniendo la sospecha eterna de como se hacen las cosas y eso, no claramente no es positivo para Chile.

(*) Este link anteriormente mostraba el listado que fue retirado por el Municipio de Curicó.

Está causando interés la sanción que la Dirección del Trabajo ha aplicado al Hogar del Buen Samaritano de Molina, mantenido por las Hermanas del Buen Samaritano y que lidera la “Madre Irene”. El Hogar del Buen Samaritano, tal como múltiples instituciones, cumple una labor esencial y, por cierto, una de las tantas de las que el estado no podría hacerse cargo en vista de otras obligaciones. Entre ellas, se hace cargo del abandono y cuidado de aquellos a quienes su familia o la sociedad en general ha dejado de lado, ocupándose del cuidado de su salud y de su vida en general. Cabe señalar, que felicito la labor que realizan, a pesar de no conocerla directamente, pero lo hago fundamentalmente por la preocupación por el otro, algo que en el mundo actual se ve cada día más escaso.

Ayer durante la mañana, por azar o por destino, me tocó oír un programa en una de las radios que más evito sintonizar, que es la Radio Tropical Latina. En ella, una encendida discusión ad misericordiam guiaba el sentido y peticiones, lo que desde luego promovía en los auditores la toma de una posición que, basada en la mezcla de asuntos distintos, intentaba lograr adhesión. Luego de iniciado el tema y la facilidad de tomar posición a favor en vista del interés público -promovido intensa y de algún modo irresponsablemente por prensa sensacionalista como RTL-, multitud de “representantes” han tomado parte activa del tema, yendo de cabeza en contra de las sanciones aplicadas. Durante aquel programa, incluso un par de senadores convenientemente “mostraron su preocupación” –cliché absurdo pero que vende- en torno al tema.

Cabe preguntarnos entonces, dejando del lado las cabezas calientes y corazones interesados, en como enfrentamos esta sanción de ser justamente aplicada por los inspectores. A riesgo de parecer un insensible, cabe señalar que cualquier institución que apoye y proteja a quienes más sufren tendrá todo mi apoyo, no obstante, me aparece sumamente extraña la posición de quienes por un aprovechamiento político intentan y desde luego, seguirán intentando invalidar una decisión de una entidad como la Dirección del Trabajo, gestión que debe apoyarse e incluso asignarse mayores recursos en vista de la falta de inspección que en el espacio del trabajo en general se requiere.

El Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, Coaniquem, Teletón y otras, tienen dentro de su gestión un contingente de personal pagado que apoya la obra y el sentido de acción de cada una de esas instituciones, es decir, gente que entrega sus horas, conocimiento y trabajo y que, por lo mismo, merecen respeto y dignidad en las condiciones propias de su trabajo. Vale decir, las sanciones ante el incumplimiento de reglamentaciones como estas debe mantenerse y promoverse, fundamentalmente por quienes crean la reglamentación y a quienes he oído como se han ido en picada contra quienes aplican las sanciones que ellos mismos crean. El problema de fondo aquí es la igualdad ante la ley.

Me parece apropiado citar esto:

“Se podrá argumentar que los trabajadores deben recibir todos la misma protección. Sin embargo, en el caso de la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, no se trata del mismo tipo de empleador, sino que se trata de la vocación de un servicio guiado por un espíritu cristiano.”
Homero Sepúlveda, Diario La Prensa, 14 de marzo.

¿El “sacrificio” se distribuye proporcionalmente? Por ejemplo, un hoyo en el piso no da las mismas opciones de caida a quien trabaja para una organización con fines de lucro que aquellas que no?

¿Si el estado se preocupa de proteger a los más pobres y promover la educación y salud, podemos aguantar todas las irregularidades que en el se detecten? Una cosa es la misión de la organización pero otra quizás tanto o más importante es el respeto por la legislación vigente en cada paso dado para cumplir tal misión, la que de no existir, inclusive desde la ética pone en duda la propia misión.

En una región eminentemente católica, una institución como el hogar del buen samaritano causa simpatía y aprecio, lo que está bien en el fondo ya que el sentido institucional de protección a mi parecer merece ser apoyado. No obstante, considero que, además de los intentos por evitar sanciones, las presiones que ejerce el gobierno episcopal nos retrotrae a las que ya creía antiguas discusiones entre las divisiones Iglesia – Estado. Está bien buscar nuevos estados espirituales y promoverlos, pero no está para nada bien muñequear decisiones basadas en nuestro señor jesucristo.

Si la labor de nuestros eminentes y honorables legisladores fue bien pensada, existirá la forma de apelar a la sanción en caso de ser injusta y se deberá seguir los trámites en pos de lograr una solución, es decir, el conducto regular. Si no, mostrará no que la Dirección del Trabajo e inspectores han actuado mal, sino la “gran calidad” de las reglamentaciones y legisladores.

Por lo mismo y podríamos verlo como una acción de real servicio público -en el extremo- nuestros representantes podrían pagar su error depositando en la cuenta que corresponda, el pago por la multa cursada. Misericordia y justicia a la vez.

Para finalizar, hago un triple llamado. Primero a apoyar a las instituciones que luego de un examen sean dignas de recibir el apoyo desinteresado y silencioso de quien desee hacerlo tanto laicas como confesionales. El segundo llamado, de la misma forma y apelando al mismo sentido de misericordia, el llamado es para ponerse una mano en el corazón por aquellos a quienes no se les respetan las mínimas condiciones laborales. El tercero y final es para realmente hacerse cargo de las condiciones laborales y su fiscalización, más aun en una región que históricamente se ha destacado por sacarle el quite a gastar por mejorar las condiciones de sus equipos de trabajo.

Es de esperar que a los representantes que visiten el Hogar del Buen Samaritano para “mostrar su preocupación” se les contagie el espiritu de aquel que detuvo su camino para ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Eso es “vocación de servicio” y pasar desde “la contemplación” a la “acción” desinteresada.

Actualización
Martes 17 de Marzo

Mauricio Hernández, jefe comunal de la Inspección del Trabajo de Molina informa en la edición de hoy de Diario La Prensa que se realiza un proceso de fiscalización, pero no se han cursado multas.

Obviamente la declaración aparece en un reducido espacio, sin fotos de quien responde, en comparación con una sentida y “clamorosa” columna en la página completa -ya sabrán cuanto cuesta la plana- y con dos fotos explícitas. Casi publirreportaje como los que solemos ver de Cementos Bio Bio en el diario.

A ver. Algo no me calza. ¿Todo el berrinche del fin de semana ni siquiera había sido confirmado? ¿los medios locales solo respondieron al lobby misericordioso?¿Recularán en cuanto a “los hostigamientos” y “persecución” que hicieron nuestros “representantes” a la dirección del trabajo?¿Los “medios de comunicación”, “periodistas” y nuestros “representantes” se quedarán a ayudar a la causa del Buen Samaritano?.

Como diría mi abuelita, aquí alguien meó fuera del tiesto.

Para seguir tirando la alfombra, Hernández señala que existe un tiempo en donde pueden corregir las fallas detectadas. En el peor de los casos, se puede apelar a la multa!.

Enlaces relacionados
Parábola de El buen samaritano
Lobby en Diario La prensa, por Homero Sepúlveda (viernes 14 de marzo)
Lobby en Diario La Prensa, por Homero Sepúlveda (domingo 15 de marzo)
Lobby en Diario La Prensa, por Homero Sepúlveda (martes 17 de marzo)
Declaración del Jefe Comunal de la Inspección del Trabajo (martes 17 de marzo)
Problema de titular en Diario La Prensa(viernes 20 de marzo)
Congregación del Buen Samaritano celebra 30 años