Las fiestas de año nuevo en mi caso las celebramos en la ciudad de Molina, a unos 30 minutos al sur de Curicó. Esta zona, al igual que gran parte de la Región del Maule, fue afectada también por el terremoto del 27 de febrero de hace un par de años. Aún queda por reconstruir y los recursos como sabremos, suelen ser escasos.

Al llegar las 00.00 del nuevo año, me sorprendió no oír los estruendos de los fuegos de artificio que solían ser parte del entorno en jolgorio. Mi sentido público me hizo pensar en que tal medida –de no lanzar fuegos artificiales- era por un compromiso en que tal nivel de gasto no era acorde con la condición de necesidad que aquel aciago 27F dejó. Pues bien, pese a mi optimismo, me comentaron que la decisión más que económica fue política, dado que el concejo comunal no aprobó la realización del espectáculo pirotécnico y en cambio hubo un baile masivo en plena Plaza de Armas.

En mi ingenuidad, hice una reflexión parecida por tuiter y pronto vi que un concejal curicano compartía a la par los “espectaculares” fuegos artificiales de Curicó. Por lo que obviamente no dejé pasar la oportunidad de consultar acerca de quién asumía los costes del evento y si se comprometían recursos públicos en su realización. En vista del escueto “no” que tuve por respuesta, intenté ver si había información al respecto en los pasquines locales. Suerte la mía que di pronto con uno en donde se exponía una “alianza público privada”.

En total, el evento habría costado $20.000.000, de los cuales el municipio habría tenido que asumir “sólo” $15.000.000 por 20 minutos de fuegos artificiales. El escueto “no” cambió de forma y ya las alianzas público-privadas iban dejándose un poco más claras en cuanto a sus compromisos.

Me parece pertinente recordar en este punto -por si como ciudadanos se nos ha olvidado- que en ningún momento se exige al municipio la obligación de entretener a la población o hacernos pasar un rato divertido. Por cierto, ya habiendo solucionado los problemas y logrando un nivel de desarrollo e ingresos digno de al menos top 10 de municipios chilenos, podríamos pensar en que los recursos cubren con holgura las necesidades de la ciudad. Imagino que este no es el caso de una región, provincia y ciudad luego de ser azotada por un terremoto de magnitud planetaria.

Aquí desde luego se mezcla la duda del uso de dineros públicos en entretenimiento –entiendo que en la Grecia Antigua se le llamaba “circo”- con la inquietud acerca de los costos de oportunidad implícitos en caso de que dichos fondos fuesen usados con tal propósito.

Sería interesante por ejemplo, luego de ver los montos invertidos, ver el presupuesto asignado a la Corporación Cultural de Curicó, entidad con vasta trayectoria en el ámbito cultural y creada con un objetivo consistente al quehacer cultural en sí y de paso darle una vuelta a la posibilidad de gastar aquellos recursos utilizados en 20 minutos en actividades que pueden tener mayor impacto. ¿Alguien recuerda los fuegos artificiales del 2011?.

En un día literalmente nos quemamos $15.000.000.

Al parecer los IPads no fueron suficientes.

Más allá del bodrio
Y es que el dogma del “informa, educa y entretiene” en versión digital ha resultado más árido de lo que parecía, manteniéndonos colistas en la adopción de la técnica y viendo cómo los vecinos toman ventaja hace rato. Claro, algunos ya estarán pensando en para qué discutir este tema teniendo en mente la calidad de tv actual. Independiente del bodrio al que nos exponemos a través de la señal de televisión abierta –A.K.A. “antena de aire”- la potencial apertura a nuevas señales en cuanto a contenidos y dispositivos que las reciban, mantiene latente la esperanza de nueva programación y democratización en cuanto al acceso de la información en todas sus formas y colores. Que vamos, esto no es sólo “ver la tele” o que “se ve lindo”, o alguien sigue creyendo que dominar la información no es una ventaja?.

Las pruebas centralistas
Hace un tiempo y para poner las banderas de conquista, se ha abierto espacio a disponer de señales de prueba. De este modo es posible ver cómo ha sido el despliegue de los canales locales de Santiago –si, los que se dicen nacionales pero mantienen el ombliguismo todo el día- llegando al punto de mantener transmisiones 24 horas con contenido de relleno. Esta señal de prueba más que posicionarse como una forma de mostrar las bondades de una emisión de calidad digital, expone nuevamente una muestra del centralismo persistente, en este caso, dentro de un área selecta –interior del Anillo de Américo Vespucio- que desde luego no sale de la capital. ¿Qué importa si en Curepto ni siquiera se logran sintonizar los canales por antena de aire?.

Se nos fue el año
Ya pasó otro año más. Quizá sigan avanzando uno tras otro y así… Por que tal como sucede con el transporte público, salud pública y en algunos casos, educación pública, no será un problema que sean de cuestionable calidad mientras quienes tomen las decisiones no los usen ergo no tengan motivación personal para motivar algún cambio real.

Y como decía el gordito de blanco que aparece para estas fechas: “un año más, que se va, cuántos se han ido ya!…”

Para dar un poco de contexto, la fundación lanzó una web que permite conocer los posibles conflictos de interés de los representantes basándose en las sociedades a las que pertenecen, llamado Inspector de Intereses. La batahola suscitada, además de abrir una olla de grillos que imagino no hay interés en abrir completamente, expone algunos puntos que me gustaría poner en la conversación.

Nadie comprueba, todos confían
Si hay diferencias en la información, en 1 empresa o 1000, claramente nos enfrentamos a una sutuación de falta de transparencia, dejadez o simplemente dolo. En este punto ciertamente se compromete la palabra de cada representante que da su firma, palabra y honor al momento de entregar la información como cierta; de paso, se evidencia la falta de comprobación por parte de la propia institucionalidad que recibe en un acto de fe de origen casi divino cada uno de los papeeles que los honorables y honestos representantes entregan. Recordar, una cosa es el poder conferido por una democracia sujeta con palitos de fòsforòs, pero otra cosa es el humano que se integra a las filas congresales.

¿Quién se equivoca?
Se intenta balancear la pesa de la culpa hacia el lado de la Fundación. Imagino que más de una carraspera ha ocasionado alguna de las aplicaciones que han lanzado dentro de la institucionalidad y que por lo mismo, este momento llegaría. Que una fundación cometa un error -inclusive habiendo enviado la petición de revisión a los propios congresistas, lo que me pareció innecesario- publicando información recolectada desde el SII y Diario oficial debiese de cuestionar la propia entrega de la información de los congresistas y no la publicación de la misma, dando la responsabilidad de veracidad a una entidad que intenta dar un poco de transparencia al juego opaco habitual.

Los molestos de siempre
Además de todo, expone un diputado que le ha molestado que se haya hecho un trabajo mal. Además de lo absurdo de la afirmación teniendo en consideración de que fueron avisados a tiempo para revisar la información. Sincerémonos y seamos francos, la afirmación debiese ser que les molestó que se haya hecho el trabajo.

También se habla del desprestigio a los parlamentarios, como si aquél dependiese de la exposición de datos que pudieron ser recolectados por cualquiera de nosotros. Me parece que la fuente del desprestigio al que la actividad congresista está expuesta tiene otro origen. La propia amenaza de las acciones legales denosta la labor parlamentaria al poner la vara de lo que sucede cuando un osado traspasa su línea.

De la política a la técnica
En un par de ocasiones he conversado con gente del equipo técnico de la fundación y hemos compartido lo dificultoso que puede ser osar intentar siquiera el emprender una acción pro transparencia. Pasa a ser gracioso que de donde nace la propia ley de transparencia no haya consenso en estándares mínimos a cumplir. Cualquiera que ingrese a los sitios de transparencia de la cámara de diputados o del senado podrá notar que la información es distinta tanto en amplitud como en profundidad y forma de publicación. Esto impone obstáculos más allá de lo político, pasando a lo técnico en cuanto a la recopilación de información y publicación actualizada.

Pareciera ser que la transparencia debe argumentarse cuando se acercan las elecciones, de modo de blanquear las negras capas que opacan la labor congresal, aunque se agradecerá que para la Ley de Transparencia 2.0 haya al menos un acuerdo en qué deben publicar quienes hacen la ley.

¿Generar una API para tener las votaciones actualizadas, la asistencia al día, transmisión online de las comisiones o acciones de OpenData es muy complejo?, ¿Es que acaso existe la intención de transparentar más allá de la declaración de buenas intenciones a la labor pública desarrollada con dinero público que ejerce el Congreso?.

La duda queda.

Ya el año pasado comentábamos que los resultados de ejecución presupuestaria no coincidían entre las distintas poblicaciones que emanan desde la Intendencia de la Región del Maule, además de no ser suficiente para la época del año. Por cierto, finalizaba aquel artículo con la interrogante de datos abiertos para la Intendencia.

Hoy, la situación no es muy distinta, con la diferencia que este post aparecerá en noviembre, vale decir, 2 meses antes que el anterior. Pero veamos. Por simple inspección podemos ingresar a la web coremaule.cl a analizar cómo vamos en el presupuesto cuando entramos a los dos últimos meses del año. ¿Sorpresa?… lamentablemente no.

Como ya es usual, no se expone dentro del sitio mencionado la información actualizada acerca del estado de las finanzas regionales, el mismo que afecta en su inversión a todos los habitantes de la región. Pareciera ser importante (¿?), más aun teniendo presente el par de meses que restan para finalizar el año en una región que esperaríamos se encuentre en plena reconstrucción luego de un terremoto de magnitud mundial: hospitales perdidos, familias viviendo en aldeas, y por cierto, todas las necesidades previas que ya existían y que en el juego de poker de la mesa del CORE aun estaban en las manos de los consejeros. Insisto, pareciera importante.

Ojo, acá el problema no es sólo un Intendente que no cumple con exponer la información que debiese a través del área de transparencia en donde debiese aparecer el uso y ejecución de los fondos presupuestados de forma actualizada que, por si se nos olvida, pertenece a todos los chilenos. (No estamos exigiendo aquí que publique cuánto gasta ni en qué en su constructora, aunque teniendo en cuenta el evidente conflicto de interés que se ha mantenido durante todo su  periodo, debiese exigirse también).

Como lo señalaba, acá el problema no es sólo el Intendente, sino también los cuoteados consejeros que a pesar de la dieta, lobby y proyección -que les hace vivir más en el futuro que en el presente- no les hace mayor ruido que el reflejo de su propio trabajo no sea expuesto como una forma de asegurar la transparencia al menos del uso de los recursos públicos definidos en gran medida por ellos mismos. Por cierto que no debemos obviar la obvia responsabilidad que compete aquí a los honorables diputados y senadores representantes de los territorios que comprenden a la región. ¿Qué acaso no importa cómo se gastan los recursos públicos?, ¿les parece que debiesen ser garantes de la ética de lo público?, ¿en algo se opaca la labor pública al no importarles una ley que -¡demonios!- se gatilló por senadores de la mismísima Región del Maule que vuelve a tropezar?

Esperaríamos que la información exista y esté en manos de quienes toman las decisiones -no hablo únicamente de GORE Maule- y que al menos esté dento de la agenda de publicaciones futuras. A pesar de esto, el propio fortalecimiento/debilitamiento de las organizaciones pasa también por el compromiso que tienen con el entorno y consigo mismas, lo que para entidades públicas, con financiación pública y sentido público es además exigible. Pues bien, ¿cuál será el siguiente paso?

Ojalá que este año antes del fragor del champagne tengamos la información públicada, consistente y sin ambigüedades.

Me pareció interesante abordar este punto ya que considera la labor propia de los concejales y alcalde, sobre todo en lo que a labor en terreno se refiere. Sin duda es necesario contar con tecnología para entregar soluciones… pero otra cosa es subirse por el chorro. Desde luego el punto de fondo no es si un concejal puede o no tener un IPad, están en todo su derecho, el punto acá es que la ciudadanía es la que deberá asumir el costo de algo que –en comparación con las soluciones existentes y en uso- ya está cubierto.

Cada uno de los concejales, además de su salario por ejercer (realmente por asistir a las 4 sesiones mensuales), tiene acceso a otros beneficios –no, no hablo de la primera fila de las inauguraciones, el baile con la reina, los asados y el cacho de chicha- como por ejemplo el de contar con un teléfono móvil con cargo al municipio. Esto para algunos ortodoxos ya sería un exceso dado que -sabiendo cada candidato a lo que se enfrenta- se esperaría que diese todo por un cargo al que nadie está obligado a postular. No creo que sea un exceso que cada representante maneje un móvil con cargo al erario público, ya que es necesario mientras se mantenga en los márgenes racionales de uso de telefonía móvil –llamar a USA se aleja un poco del foco, por ejemplo.

Pero bueno, el punto es otro.

Fomentando la participación
Molesta, como ciudadano votante, ver el interés que se le otorga a este tipo de necesidades superfluas pudiendo hacer su pega sin necesidad de un aparato de este estilo –teniendo en consideración la protección de los recursos públicos que todo concejal y representante debiese propender- y la priorización frente a iniciativas que, aun siendo más baratas, tendrían mayor impacto en la vida comunitaria local. Desde hace meses hemos venido insistiendo –alcalde incluido- de poner foco en transmitir los concejos municipales online, algo que para cualquiera que dimensione lo que significa el costo de tal medida, notará el impacto que podría tener en la participación ciudadana. Un par de cámaras y conexión probablemente saldrá varios millones más barato que 7 IPads con plan telefónico cada uno.

Transparencia precaria
De más está decir que medidas mínimas en este sentido, como la publicación mensual de las actas de las reuniones de concejo aun no se disponen, pudiendo contar en este mes de Octubre recién con las actas de Julio de 2011. A tanto llega la precariedad –que ironía- que en algunas actas inclusive se pueden ver anotaciones del estilo “HORA DE INCIDENTES (…No se continuó con la transcripción porque no se escucha bien por problema en equipo de grabación)”. Por cierto, compra de pilas, micrófonos o 40 grabadoras nuevas ni se acercan a los valores expuestos.

Realmente usable
Hagamos ficción: Ok, se los compramos. Tendremos entonces siete nuevos IPads. Además de lo cool, ¿cuál será la ventaja real del aparatito versus otros tablets más baratos o a un propio netbook?, ¿será que el teléfono no es suficiente para su labor?, ¿es que estamos abordando la piedra clave que ha bloqueado la gestión de los concejales?. A todo esto, también hablo desde la experiencia que he podido construir en este tiempo en lo que a gobierno móvil se refiere.

Unos más iguales que otros
Si bien el pedido contempla la adquisición de siete equipos -igual número de integrantes del consejo municipal (seis concejales y un alcalde)- cabe preguntarse por qué cinco de ellos tienen características similares e inferiores a los dos equipos siguientes. En la lógica de “la autoridad”, parece razonable que el alcalde pueda contar con una máquina de mejores prestaciones -a pesar de lo absurdo en la práctica esa forma de razonamiento- lo que no parecería lógico en este esquema de autoridad es la máquina restante (la segunda luego de la del alcalde) de mejores prestaciones: ¿ya tiene nombre?, ¿premio a la puntualidad?, ¿al mejor compañero?

La lógica extrapolada
Teniendo en consideración que quienes realmente hacen efectiva las resoluciones del consejo son los propios funcionarios municipales, articulando recursos de todo tipo, *ejecutando* lo necesario para que eso pase, ¿quienes debiesen tener un IPad?. Dejo la duda en la mesa. En una de esas la responden antes de seis meses.

En fin…
Pero no importa, por que se vienen las elecciones y hay que estar preparados como dios manda. Una buena oficina de campaña, presencia en redes socialers y todo lo que esté de moda servirá: su tuiters, el feis y toda la maquinaria, por cierto, a costa de fondos públicos. Que los congresistas sigan bebiendo a nuestra cuenta y que sigamos pavimentando el camino al cielo.

Dioc nos pille confesados.

Como marco general, sabemos que datos generados con dinero público son miles a cada segundo y, de los que se publican, se mantienen dispersos en la web, muchos de ellos sin respetar criterios que esperaríamos de este tipo de información (temporalidad, integridad, licenciamiento, etc.). También sabemos que existe información pública que no se expone y que, incluso luego de ser solicitada teniendo en consideración su naturaleza, el propio Estado limita su acceso (aló Congreso?).

Tal como lo he señalado un par de veces acá y como expuse en la última versión de la CISL Argentina 2011 (debo post), esperaría que la adopción también tuviese adaptación a las realidades locales, a la chilena en este caso. A pesar de ello, las referencias “clásicas” nos inducen algunas expectativas, como por ejemplo la de contar con datasets abiertos a disposición de quienquiera usarlos o bien elementos de interoperabilidad en cuanto al acceso a la información. Al día de su lanzamiento, existen 30 vínculos a webs, muchos de los cuales tienen problemas de temporalidad, formatos y posibilidades de uso real. Por cierto, aquellos 30 no son los únicos existentes, inclusive de las propias entidades aun no se incluyen todas las fuentes linkeables. Pero si, es recién el primer día.

Como todo poder genera un contrapoder, esperaría a ver emerger los cerradores de datos, los que intentarán mantener “resguardados” algunos de los datos del espacio público. Es posible que necesitemos nueva legislación (Ley de Transparencia 2.0), quizá mayores restricciones que protejan –pero de verdad, parando la venta/entrega de datos a empresas por ejemplo- a los ciudadanos y sus datos personales (rut, información médica, información financiera, etc.). Habrá que estar atento entonces a todos aquellos que intenten meter de contrabando cortapisas a información que se intentará mantener como reservada.

(no desconozco en este punto, desde un nivel más alto, la preocupación que en torno a la Modernización del Estado me sigue generando la ¿existencia? de la Estrategia Digital y el real interés de potenciarla desde el propio gobierno)

Desde la comunidad de open data o datos abiertos estoy seguro que seguiremos expectantes esta importante declaración implícita –siempre se supone que lo lanzado implica importancia y valoración en si mismo de lo que se lanza- y su evolución que cumpla las expectativas en todo lo que significa para la ciudadanía y su enorme potencial.

Tenía pendiente desde hace un rato este post y quizá mis más cercanos que ya conocen la historia se habrán extrañado de que no la haya publicado antes. Me parece hoy un buen día, con fiscalizadores atentos y cuerpo de Carabineros apoyándolas. Necesitamos buenos fiscalizadores y buenas policías, pero para que logren serlo requieren de validez y sentido de ejemplo.

Contexto
Como ya lo habrán notado si viajan con cierta frecuencia desde Curicó o regiones del centro sur, las plazas disponibles en el servicio de trenes TerraSur han disminuido y aumentado el coste, en un claro interés por potenciar el servicio (sutil ironía). Si bien eso da para otro post, nos hizo tomar la decisión de viajar desde Curicó a Santiago en bus, eligiendo Buses Díaz, lo que fue un error.

Póngase el cinturón por favor
Me alegró que al comenzar el viaje nos hubiesen pedido abrocharnos el cinturón de seguridad, medida que por primera vez era posible ya que antes los buses únicamente contaban con cinturones en algunos asientos delanteros. Pero bien, accedí, no sin preguntar de qué forma cuidarían a los pasajeros que iban de pie en el pasillo. ¿Es que ante un accidente los más afectados no serían quienes iban de pie? Recibí una poco simpática respuesta de parte del asistente, quien fundamentó la situación en mi privilegio de poder comprar un pasaje antes de subir al bus (¿?). Si, yo también sonreí.

Si, usted también use cinturón
Pues bien, no fue suficiente. Mirando en detalle hacia los pasajeros que iban parados, me fijo que ni más ni menos va un par de Carabineros con su atuendo característico. Tuve la buena/mala idea de tomar una fotografía de ambos, lo que hizo arder troya, eso también da para otro post.

Todos suben
Esta situación no es nueva y tiene varias perspectivas asociadas, que implican tanto a Carabineros, fiscalizadores y desde luego a las propias compañías de buses. Ha existido históricamente la tradición de que no se puede “dejar abajo de la micro” a un Carabinero, menos si está de servicio, ustedes saben por eso de las vueltas de la vida… Con o sin dolo, la situación en si pone en riesgo vital ante un accidente de tránsito a el o los pasajeros con o sin uniforme. Esto de por si es una apuesta arriesgada teniendo en mente en que ante la eventualidad de un accidente y muerte de un policía la pregunta obvia será ¿y qué hace de pie alguien que debe fiscalizar que eso no suceda?. ¿Con qué autoridad puede fiscalizar alguien que incumple su fiscalización?. Si, hay un error por parte de Carabineros que sube a un bus donde hay asientos disponibles, pero desde luego hay un error en la empresa de buses al no detener la situación.

Nuevamente nos encontramos en una situación que enfrenta a dos poderes que se entrelazan a pesar de caer en un conflicto de interés: Carabineros debe viajar, si, y también securizar carreteras, fiscalizar y mantener el orden en el contexto en donde se desempeñan las empresas de buses. ¿De qué forma transparentamos el escenario?, ¿Carabineros paga por viajar?, si paga entonces ¿Por qué no puede tener un asiento?.

Si, puede verse como un caso particular, pero desde que viajo he visto que Carabineros ingresa sin más a cada bus que sube. No quiero decir tajantemente “Carabineros no paga por viajar en locomoción pública” dado que no me consta que haya regulación al respecto, lo que si, puedo dar fe de que al menos no he visto que suceda y, por el contrario, he visto cómo suben aprovechando el temor/pusilanimidad de los choferes/asistentes que prefieren tener un amigo y no un adversario en el camino.

Ante la sensibilidad
Como descubrí aquel día, hay gente sensible —¿les conté que un pasajero me ofreció golpes y Carabineros no hizo nada?, así de fino el viaje— la que desde luego interpretará este post como “un franco ataque a la autoridad y al orden”. No tengo nada contra Carabineros, es más, familia cercana juró en la institución llegando a dar sus mejores años de vida a ella. Entiendo también la complejidad del rol y desde luego eso de “no saber si volveré”. Por la misma cercanía y referencia —de integrantes que jubilaron en la institución— sus enseñanzas más claras fueron acerca de que el ejemplo es la primera guía en la sociedad y que no se puede exigir el cumplimiento de las normas que como sociedad nos ponemos sin partir por respetarlas consecuentemente nosotros mismos. Entiendo la necesidad de viajar, pero ejemplificar el cumplimiento a la norma es clave en la labor de ciudadanía que tienen las fuerzas de orden y seguridad.

Pues bien, retomando el concepto, ¿de qué forma podrá fiscalizar la policía algo que incumple?, ¿será mucho pedir el cuidado de sus propias vidas?, ¿no es deseable que para mantener la distancia de los fiscalizados, la policía pague por el servicio?, ¿hay normativa que señale que luego de jubilar los ex-funcionarios no puedan desempeñarse en un rubro al que fiscalizaron ante la evidente incompatibilidad?

Fue uno de nuestros peores viajes. Francamente olvidables, aunque no el único olvidable en Buses Díaz. Si es curioso y quiere ver qué pasó en ese viaje, puede ir a Buses Díaz en Terminal Santiago y pedir el Libro de Reclamos. Fíjese en el anillo de quién se lo entregue.

Desde luego esto debió pasar colado comparándolo con los hechos históricos de ayer (movilizaciones, encuestas, etc.).

El gato de espaldas
Oí al diputado Mario Bertolini defender como gato de espaldas en Radio Bío Bío el gasto que realizaba la cámara, a través de argumentos falaces -desconozco si con dolo o ignorancia pura- basados en promedios, lo que pone supuestos tan burdos como que hasta la gente del aseo toma en el congreso. Desde luego usó el clásico argumento de los antioxidantes y “recomendaciones médicas” (recordé el argumento de Maciel para justificar abusos con “autorización papal”) .

Realmente sentí vergüenza al no oir siquiera un mínimo de sentido de responsabilidad de los mismos que hacen gárgaras restringiendo a la propia ciudadanía acerca de cuándo y cuánto deben(mos) beber.

Nadie restringe que pueda beber todo lo que quiera. Que sea un alcohólico o cocainómano si quiere serlo, en su casa y con su dinero. El punto de fondo aquí es acerca de la función -¿¿legislando con alcohol en la sangre??-, de los recursos públicos implicados y los esfuerzos por “transparentar” todo lo relativo a un trabajo de representación.

Tolerancia cero
La ciudadanía debería esperar que, primero, no se beba alcohol en entidades públicas —de igual modo que no se permite fumar, por ejemplo— y obviamente en segundo término pero quizá más importante aún, que los recursos públicos no sean gastados en alcohol.

¿En cuánto aporta al desarrollo del país aquellas compras?, ¿Se ve reflejado de alguna forma este tipo de compras con fondos públicos en algún avance además del de alcohol en la sangre?

Habrá despedidas, bienvenidas, cumpleaños, o las celebraciones que se quieran pero algo muy distinto es gastar recursos públicos orientados a servicios de alguna repartición particular con cargo al erario fiscal. De esto a que los fumadores liciten cartones de cigarrillos —o mejor habanos para subir el pelo— estamos a un paso.

De igual forma en como se nos registra aleatoriamente cuando accedemos en automóvil a alguna vía pública a través de alcotest, tendremos que hacer lo mismo a los representantes antes de que ingresen al congreso?, a las salas?, o a votar?. ¿El potencial de muerte de un conductor al entrar a una carretera con alcohol en la sangre, no es igual para los alcoholizados diputados que toman decisiones que nos afectan a TODOS?, ¿acaso con la edad la “tolerancia” al alcohol se mantiene intacta?.

Promoción país con cargo a quién corresponde
Es entendible que entidades de promoción del país tengan celebraciones, cenas, etc., pero por la misma naturaleza de promoción y difusión de empresas privadas (viñas, por ejemplo), este cargo sea asumido por las propias empresas que verán los frutos de esta inversión a futuro.

Ahora suena razonable que tanto el Senado como la Cámara de Diputados haya dado un “trato especial” al momento de definir lo que les competía en cuanto a la Ley de Transparencia. He enfocado este pequeño post a la Cámara de Diputados ya que son ellos los que definen el rayado de esta cancha y reciben ingresos públicos por ello, pero no desconozco aquí la responsabilidad de la propia Presidencia (!) y el Ejército.

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Del dato a la acción
Para tomar acciones se requiere de información. Acciones por ejemplo referentes a políticas públicas requieren de datos de calidad que puedan utilizarse para generar información y, bajo supuestos de aplicabilidad, generar cruces que permitan llegar a tomar mejores decisiones en pro del bien general de la comunidad. Esto se ha hecho y se seguirá realizando, desde luego en base a datos tomados de diversas fuentes luego de procesamiento y validación de procesos como los propios censos, caracterización socioeconómica y otros que apoyan a esa toma de decisión.

La doble flecha no aplica únicamente a una escucha activa, sino también a abrir la puerta de las instituciones que validan su existencia (tienen razón de ser) en la propia comunidad y ciudadanía. Juzgados, municipios, seremías, gobernaciones, congreso y otros valdrían cero de no ser por la comunidad que les confiere sentido y a esto me refiero con la doble flecha, la de dentro hacia afuera a esa comunidad que entiende que el gobierno/estado NO TIENE ni todas las ideas ni todos los recursos para implementarlas. Escuchar no es suficiente, pero si es parte importante de la labor de quienes tienen la representación. Deseamos ser escuchados, pero distinto es cuando hay un gran anónimo detrás de la palabra Estado en alguno de sus brazos.

El gran anónimo
Por más que todos quienes opinemos y seamos trazados, tengamos nuestra identidad expuesta, esto no implicará en que enfrente tengamos al gran anónimo obteniendo la data sin tener conocimiento -como comunidad que le da sentido a las organizaciones que trazan- de cómo, quienes, cuando o para qué se utilizarán. De otro modo y ejemplificando en Punta Arenas, luego del conflicto, los ciudadanos que se manifestaron tendrán un acceso igualitario a los beneficios disponibles para cualquier región no movilizada? El gran anónimo utilizará la tecnología -en esencia neutra- para atentar unilateralmente contra ciudadanos como alguna vez lo haría IBM en el holocausto?

La novedad del año
Seamos sinceros, desde esta y campañas anteriores, en lo que se refiere a redes sociales y lo que ahora algunos interpretan como “tecnología”, hemos asistido a un gran re-cocido de copias mal hechas con mayor o menor éxito. La estrella brasilera, el gesto de Zapatero, los shots de cámaras, el cambio y otras “innovaciones” no han sido más que una copia de algunos inspirados en un obamismo medial más que un obamismo discursivo. En esta misma línea, y teniendo en mente a los copiones de siempre, cabe preguntarse acerca de cómo lo copiarán acá. Esta profunda inquietud seguirá dándome vueltas mientras no se subsane la enorme disparidad entre el acceso a información del aparato gubernamental versus la ciudadanía. En una suerte de “nosotros contra ellos”, vamos de perdices por todos lados.

Entonces me aparecen algunas preguntas obvias: ¿Quieres Open Government para abrir las puertas a los ciudadanos a participar? ¿Estás dispuesto a bajar la soberbia y co-gobernar con la ciudadanía?, ¿Piensas que dar poder no te restará poder y por el contrario te validará?, ¿Estás dispuesto a transparentar tu agenda pública, tu asistencia, tu salario público (real), o el de tus asignaciones y que actualmente usas a piacere?. ¿Estás dispuesto a invertir recursos para disponer tu propia información en un reservorio nacional de datos abiertos para que los ciudadanos, investigadores, estudiantes o quienquiera que sea pueda tomar esa información y que puedan explorar toda la potencialidad posible? ¿Estarás dispuesto a escuchar activamente desarrollando aplicaciones explícitas de mobile government para ciudadanos? ¿Quieres tener Open Government sin antes siquiera aprobar una iniciativa que permita a los ciudadanos proponer leyes?

O ¿Quieres Open Government para saber qué piensan de ti los ciudadanos?, ¿para poder trazarlos quizá?, ¿para poder ver con quiénes se reunen o qué planifican?, ¿o cómo quieren votar y así dar rienda suelta a tus propios fines personalistas? (con nuestro dinero)

Mientras aparecen las respuestas, esperaré la directiva chilena (A.K.A. “decreto presidencial”) de Open Government.

¿Pongámonos serios?

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Los datos, su uso e implicancias para la ciudadanía es uno de esos temas “no importantes” o que algunos preferirían que se mantuviera en el conjunto de lo “no importante”. Por cierto, también se intenta bajar el tema caricaturizándolo como paranoia pura o simple teoría conspirativa. Ya en el post pasado hablaba acerca de las listas negras 2.0 Hoy, ya hecho público el monitoreo me aparecen unos puntos que quiero compartir para que les den una vuelta.

El problema matemático: esto no es una encuesta
Generar una frecuencia, vale decir, poder definir una tendencia de algo, requiere necesariamente de llegar al dato raíz. Cuando vemos las estadísticas mensuales de Adimark por ejemplo, sabemos que necesariamente debiese existir registro -el papelito- de las encuestas realizadas persona a persona en las distintas vías posibles (presencial, telefónica, etc.). De la consulta a cada persona -sin nombre, rut- se procesan los datos que van dando nuevos datos e información al fin del proceso. Pero ojo, para poder hacerlo se debe necesariamente llegar al nivel de individuo. Esto no tiene nada de mal cuando es generado por una consultora con dinero privado y que además no pregunta datos personales para generar la investigación.

No se puede lograr una frecuencia confiable sin tomar el datos desagregado, es decir, a nivel de usuario. Esto NO ES una encuesta, hay asociación directa en donde es posible distinguir género, religión, salud, ubicación, etc. Me parece sorprendente que incluso sociólogos desconozcan este hecho.

Distinto es cuando esto es resorte estatal/gubernamental. Medir es distinto que controlar.

Regalando datos en casa o haciéndole la cama al INE
Cada CENSO llega a la casa. Como el CENSO tiene detrás a el INE, tiene una legislación que avala el tratamiento de datos, llegando a consolidar lo que se le llama el “secreto estadístico”. Pero el INE no es el único que maneja datos personales. Otras entidades gubernamentales también lo hacen y como ya lo decía antes, es necesario para poder definir políticas públicas. Por lo mismo y teniendo en cuenta lo importante que son los datos para generación de políticas públicas, me parece absurdo accionar de modo cortoplacista menoscabando la confianza ganada durante años. En vista de la necesidad y ansias por datos que se aprecia, ¿será que deberemos cerrar la puerta al encuestador?.

Consultora privada guardando datos personales a cuenta pública
Aquí hay datos personales en juego. Por más que no se tenga acceso a nivel de rut, esto abre el flanco a qué postura tiene el estado frente al uso de información personal. Una empresa que quiera hacer bullying a un cliente en base a sus opiniones o reclamos en contra de su marca, puede tener su reprimenda desde lo legal o por último desde SERNAC que intentará equilibrar esta lucha de David contra Goliat. Muy distinto es cuando el dato está en el gobierno (ojo, no hablo del Estado) y un ciudadano de a pié quiera intentar contrapesar de algún modo.

Escucha activa versus bases de datos, cruces y represalias
Que el gobierno de turno encargue encuestas me parece absolutamente razonable. Oir proactivamente también me parece razonable. Ver, oir está muy bien. Guardar en bases de datos y ponderar usuarios ya es distinto. Distinto es abrir el espacio para generar listas y utilizarlas en el futuro. ¿Qué tal si un postulante a subsidio habitacional se queja por la burocracia?, ¿bajará sus posibilidades?, ¿se utilizarán ponderadores?. Si, esa es la discusión de fondo: qué se hace con los datos que se obtienen y como afectará a la ciudadanía en este aberrante desequilibrio de información en que nos encontramos.

Mientras no exista un proyecto de ley con suma urgencia para lograr una iniciativa popular de ley todos los intentos de “escucha activa” no serán más que un intento de remedo de una participación real.

Ciudadanos, culpables de su ignorancia
El argumento de que “la gente pone los datos y acepta que sean públicos” o “twitter es como una plaza pública” es totalmente aceptable para empresas que trafican información teniendo como fuente inclusive a entidades como Servel que ya es La Polar. Distinto es cuando con financiación pública se abre la cancha al análisis individualizado para generar tendencias. Acepto el absurdo de que la consultora en cuestión únicamente entregue un documento de 3 hojas con barritas agregadas y términos más usados -caricaturización, obviamente- pero no vengan a engrupirnos con que no se llega a nivel de usuario para generar las barritas. No vengan a decir que la consultora eliminará toda esa información personal (usuario, nombre, localización, etc.) y no la mantendrá en bases de datos con llave. Desde luego asumir que si serán almacenadas imagino que será parte de lo que el gerente ha llamado  ”paranoia colectiva”.

Desde luego Voltaire retrucaría con que es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. Y en Chile y América Latina tenemos experiencia en esa área.

Imaginen si eso lo sazonamos con georreferenciación…

Legislando y contrapesando
Hay un vacío. Me parece que tener legisladores incompetentes y desactualizados no debiese dar pié a aprovechar el vacío que se intenta utilizar. Si bien estamos claros que esto se viene realizando hace rato por empresas privadas, no intentemos medir con la misma vara a una entidad privada -la empresa- que a una que funciona con recursos públicos y para lo público.

Este tema no quedará aquí. La discusión acerca de los datos viene siendo submarineada hace rato con el argumento de que “hay temas más importantes” sin tener en cuenta lo relevante de la identidad, los datos, su “costo”, utilización pública y privada, etc.

Por último, siguiendo el razonamiento falaz de que “hay temas más importantes”, ¿por qué gastar dinero público en esto?.

Mi ponderador de lista imagino que va en -2.

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